El próximo miércoles 22 de marzo, a las 13:00, se realizará la audiencia por la acción de protección presentada por el abogado guayaquileño Eduardo Carmigniani quien fue involucrado por la Fiscalía entre los 37 procesados por presunto cohecho en el denominado caso Sinohydro.

La jueza que sustanciará la acción es Karen Alarcón Macías de la Unidad Judicial Norte de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en el cantón Guayaquil y jueza constitucional. Ella recibió por sorteo la acción presentada por el abogado en contra de la fiscal Diana Salazar el 16 de marzo. 

Previo a fijar la hora de la audiencia la funcionaria señaló que por reunir los requisitos establecidos en los artículos 7 y 10 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional se la califica de clara, completa y precisa y, por consiguiente, se la admite a trámite.

Dispuso que se notifique a la fiscal Salazar en la calle General Córdova 811, intersección con Víctor Manuel Rendón de la ciudad de Guayaquil y que se le adjunte la copia de la demanda inicial y del auto de aceptación a trámite. 

La diligencia convocada para el miércoles se desarrollará en una de las salas de audiencias de la Unidad Judicial. Si es que las partes no pueden asistir presencialmente podrán hacerlo a través de la plataforma Zoom. 

El abogado ha insistido que el dinero recibido en el caso fue producto del pago de honorarios profesionales y que fueron facturados. Significa que declaró los ingresos, ha repetido el jurista. En su cuenta de Twitter señaló que: "Seguiré defendiendo mi buen nombre y la libertad para ejercer la profesión. No se puede permitir la criminalización de la abogacía".

Carmigniani aclaró que como no es ni ha sido nunca funcionario público no puede ni podía ser sobornado. Según la Fiscalía, la investigación del caso Sinohydro permitió develar una presunta red de corrupción alrededor del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair, que habría operado entre 2009 y 2018 a cambio de grandes cantidades de dinero. 

Según los cargos presentados por la fiscal Salazar en la audiencia del 3 de marzo, se habrían pagado alrededor de 76 millones de dólares en coimas, aproximadamente el 4 % del valor contratado por la obra, que habrían sido entregadas por Sinohydro, utilizando a terceras personas, a cambio de falsos servicios de consultorías y representaciones, y canceladas a través de dádivas, cheques y transferencias.