El juicio que se sigue en contra del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz, por el delito de tráfico ilícito de armas de fuego, podría derivar en una nueva investigación en su contra.

Los jueces del Tribunal de Garantías Penales de Guayaquil que conocen ese caso, oficiaron a la Fiscalía Provincial del Guayas para que de paso a una indagación previa en aplicación del artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), es decir, por el delito de incumplimiento de decisiones de autoridad competente.

En providencia colgada en el Sistema Judicial Ecuatoriano (Satje), el tribunal -encabezado por el juez Felipe Sarmiento Polo- fundamenta su decisión en consideración a que “existe una conducta reiterativa, un afán de retardar su juzgamiento, que para ello se está utilizando sistemáticamente justificativos como el último que no ha sido aceptado; denotando absoluto incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, pues de forma inmotivada y como se ha expuesto, se ha desacatado la disposición legítima de este Tribunal al no haber comparecido a juicio”.

Se refieren a la audiencia de juzgamiento que, por quinta ocasión, fue señalada para el 21 de junio de 2021, pero la terminaron declarando fallida a costas de Bucaram Ortiz, “considerando que no se ha justificado conforme a Ley, su falta de comparecencia y atención al llamado de la autoridad”.

En su análisis, los jueces señalan que el documento que se presenta como certificado médico “de ninguna manera se puede aceptar que cumple con el objetivo fundamental, cual es el de determinar que el procesado en esta causa estaba en imposibilidad de conectarse mediante un medio telemático y comparecer a la audiencia de juzgamiento convocada”.

Ese mismo día, Bucaram se conectó por vía telemática a la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio dentro del proceso que, por e delito de delincuencia organizada, se desarrolló en Quito y terminó con la nulidad de todo lo actuado por la Fiscalía.

En el caso fue procesado Bucaram junto con su hijo Jacobo Bucaram Pulley y otras cinco personas, por presuntamente incurrir en actividades delincuenciales en la venta de pruebas para detectar COVID-19 y mascarillas durante la emergencia sanitaria de 2020.

En el juicio de armas, el tribunal señala que la Fiscalía Provincial practicó una evaluación y determinó efectivamente las afecciones cardíacas de las que adolece Bucaram Ortiz, pero así mismo se determinó que no está en imposibilidad de comparecer a juicio, más aún, que se le ha dado la posibilidad de comparecer por medios telemáticos, “pero incluso en esas condiciones se ha rehusado a hacerlo”.

La diligencia fue señalada para el próximo 2 de septiembre de 2021. Se ha convocado a abogados de la Defensoría Pública en caso que no asistan los defensores particulares, dos de los cuales fueron sancionados con una multa de un salario básico unificado, por cuanto no justificaron su inasistencia a la audiencia del pasado 21 de junio.

Bucaram enfrenta además un proceso por el delito de transporte y comercialización ilícitos y tráfico de bienes del patrimonio cultural, que aún no se ha definido.