Falta transparencia en el uso de los recursos públicos. Esa fue la conclusión principal a la que llegó la Contraloría luego de elaborar 269 informes de exámenes especiales, derivados de las auditorías a la emergencia sanitaria por la COVID-19.

103 de esos informes constan en el Reporte de Control Público, una nueva herramienta digital, en donde están los resultados de las auditorías o acciones de control a agencias de regulación, hospitales de la red pública, instituciones adscritas al Ejecutivo, gobiernos autónomos descentralizados municipales y provinciales, empresas públicas, y más. 

“Solo el seis por ciento de las auditorías utilizadas en el análisis no reportaron novedades”, indicó la Contraloría en un comunicado de prensa difundido este miércoles 22 de septiembre de 2021.

En el 94 % restante, los equipos auditores hallaron incumplimientos legales en la administración de los recursos destinados a enfrentar los efectos de la pandemia. Por ejemplo, los funcionarios no publicaron oportunamente documentación relevante, como declaratorias de emergencia, contratos, informes parciales de la ejecución, facturas y órdenes de compra en el Portal del Sistema Nacional de Contratación.

De esta forma se impidió el acceso a la información por parte de la ciudadanía.

Otra deficiencia recurrente fue la falta de criterios para determinar los presupuestos referenciales. Las instituciones no elaboraron estudios de mercado, ni buscaron procesos anteriores de los mismos bienes o servicios para adquirir mascarillas, termómetros, gel antiséptico, batas, trajes de bioseguridad, servicios de limpieza, etc.

“Estas irregularidades derivaron en que las instituciones públicas paguen precios más altos por bienes y servicios, en relación con los valores del mercado o frente a los pagos efectuados por otras entidades del Estado (o por los mismos organismos públicos), en procesos de contratación anteriores”, dice la Contraloría. 

También se identificó que los contratistas incurrieron en inhabilidades. No contaban con los permisos para distribuir o fabricar insumos y dispositivos médicos de protección contra el virus. En otros casos, no estuvieron inscritos en el Sistema Nacional de Compras Públicas, en el Registro Único de Contribuyentes (RUC), ni constaban en el Registro Único de Proveedores (RUP).

Se efectuaron contrataciones con compañías cuya actividad económica no tenía concordancia con los objetos contractuales o que no cumplieron con los requisitos establecidos en los pliegos y términos de referencia, por lo que sus ofertas debieron descalificarse. 

El Reporte de Control Público recoge más anomalías. Este documento forma parte de las estrategias implementadas por la Contraloría para alcanzar el fortalecimiento de la transparencia . Adicionalmente, se expuso al Directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI), en el marco de la Revisión del Acuerdo de Servicio Ampliado (SAF).