El control se intensificó, aunque la recuperación de lo robado es otra historia. Desde junio de 2017, la Contraloría General del Estado elevó su número de exámenes especiales aprobados y de órdenes de trabajo para inspeccionar el uso de recursos públicos.

Los primeros tres meses del año son el último ejemplo. Entre enero y el 23 de marzo de 2021, la Contraloría General emitió 741 órdenes de trabajo para diferentes entidades públicas. En la lista están desde la Presidencia de la República hasta las juntas parroquiales más pequeñas del país.

Aunque la mayoría de documentos emitidos hacen referencia al uso de vehículos oficiales por parte de la burocracia durante los feriados nacionales, también hay órdenes para investigar seguros, verificaciones previas, contratos para obras y pago por servicios específicos.

Entre las órdenes emitidas está, por ejemplo, la revisión de la tarifa pagada por Petroecuador a la empresa privada Oleoductos de Crudos Pesados del Ecuador (OCP). Ese acuerdo terminará con el pago de 41 millones de dólares con barriles de crudo.

Entre los trabajos iniciados en este año están, además, auditorías a las transacciones económicas de la Asamblea Nacional y la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME). También se revisarán los contratos firmados por las administraciones de Otto Sonnenholzner y María Alejandra Muñoz en la Vicepresidencia de la República.

Las entidades financieras públicas son otro eje del control. En enero de este año, la Contraloría inició un examen especial a “la aprobación, entrega, administración, utilización, seguimiento, devolución y liquidación de los recursos económicos desembolsados a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales” por parte del Banco de Desarrollo del Ecuador. En esas transacciones se utilizaron más de 11 millones de dólares.

Incluso la Comisión de Tránsito del Ecuador deberá responder por los procesos de “retención, custodia y devolución de los vehículos de los centros de retención vehicular de Guayas, Santa Elena, Azuay y Manabí”.

La Contraloría General aclara que los 741 inicios de exámenes emprendidos en este año tienen relación con administraciones anteriores y con la actual gestión en el gobierno nacional, municipios, prefecturas, juntas parroquiales y otras entidades. Además, una orden no indica una irregularidad. En muchos casos se responde al cronograma de trabajo que tiene el organismo que dirige Pablo Celi.

En otros procesos, la mayoría, sí hay novedades. Como dato, entre el 1 de junio de 2017 y el 28 de febrero de este año, la Contraloría aprobó 7.423 informes cuestionando la labor pública.