Hay madres de familia, como Liliana Macías, que prefieren quedarse en casa haciendo alguna actividad entretenida o pedir comida a domicilio, antes que salir de paseo con sus hijos a un lugar público por el riesgo de ser apuntada con un arma por delincuentes o convertirse en víctima colateral en un enfrentamiento del crimen organizado.

“La última vez que salimos fue en época navideña. Ya casi no salimos. Y cuando lo hacemos es a un centro comercial, donde hay cierta seguridad”, comenta la psicóloga, quien vive en el norte de Guayaquil.

Ella tiene presente la noticia que conmocionó a la ciudad sobre la muerte de Sebastián, de 11 años, quien fue herido de gravedad en un asalto a una heladería del sur de la ciudad, el 17 de octubre pasado.

El año 2021 estuvo marcado por un estrepitoso aumento de las muertes violentas, particularmente en la urbe porteña, donde se registraron 865 hechos de ese tipo, un incremento del 162 % en comparación al 2020. En ese año apenas hubo 329 registros. Sin embargo, si se toma en cuenta la cifra del 2019, cuando ocurrieron 269 muertes violentas, el aumento es de 221 %, según los registros del Ministerio de Gobierno, que en la actualidad se dedica solo a temas políticos, y que atribuyó la mayoría de esas muertes al narcotráfico.

Para reducir los niveles de inseguridad, el Ministerio de Gobierno tenía previsto enviar al Puerto Principal 1.100 policías que se sumarían a los cinco mil agentes que operan en la ciudad, y ofreció la entrega de  $ 9 millones a la Policía.

“Los $ 9 millones están para vehículos, motocicletas, equipos informáticos de análisis que nos van a permitir ser más efectivos en las investigaciones (...)”, detalló Víctor Zárate, comandante de la Policía de la Zona 8, en Radio Forever.

En el combate a la delincuencia y estructuras criminales más complejas también figura el Municipio, a través de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil (CSCG), con la adquisición de vehículos y equipos para la Policía y Fuerzas Armadas (FF. AA.), y la contratación de infraestructura.

Su participación no es reciente. En el 2019, la entidad destinó $ 5,4 millones. Un año después, la inversión casi se duplicó, $ 9 millones; y, en 2021, el monto fue similar, $ 8,5 millones, según un comunicado enviado por la CSCG ante un pedido de entrevista de EXPRESO que no fue atendido, en el que se recoge la inversión en seguridad ciudadana entre mayo de 2019 y marzo de 2022 (valores de presupuestos).

“Nosotros ponemos el combustible, ponemos los carros, las balizas, las sirenas, los drones, las radios, las motos, los carros para inteligencia. Ahora, úsenlos. Hagan un mejor trabajo. Y no le hablo a la Policía. Hablo al Gobierno central respecto de políticas que tiene que aplicar en materia delincuencial, porque esto no se trata de que hoy mando mil policías y al siguiente día se van a otras provincias”, fustigó la alcaldesa Cynthia Viteri en un enlace radial, el 10 de marzo anterior.

Pese a las acciones del Gobierno central y la inversión del Municipio de Guayaquil, los niveles de violencia e inseguridad siguen altos. Del 1 de enero al 18 de marzo pasados se han registrado 271 muertes violentas, 163 más que en el mismo período del 2021, cuando asesinaron al presentador de televisión Efraín Ruales, según los registros de la Policía. Mientras, los robos a personas siguen entre los delitos más denunciados. En enero pasado, mes en que mataron a un turista holandés, la Fiscalía receptó 722 denuncias en la ciudad, 86 más que en enero de 2021.

Este Diario revisó 29 procesos contractuales de la CSCG que se adjudicaron, finalizaron o que están en ejecución, correspondientes al 2021, con corte al 17 de marzo anterior, cuyos montos suman unos $ 8 millones (valores adjudicados): $ 3,8 millones en obras o servicios relacionados con infraestructura, $ 2,7 millones en adquisición de vehículos, unos $ 800 mil en equipamiento, casi $ 300 mil en consultorías y estudios, unos $ 230 mil en gastos varios y $ 40 mil en planes, según los registros del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop). Por ejemplo, entre las obras de infraestructura consta el mantenimiento preventivo, correctivo y reparaciones del sistema de cámaras de videovigilancia y megafonía, por $ 1,7 millones, adjudicado en septiembre a Unión Eléctrica S. A., en una subasta.

En el rubro de infraestructura también está la instalación de once puntos de videovigilancia en diferentes sectores de Guayaquil por un valor de $ 160 mil. Entre estos puntos constan sectores de Colinas de la Alborada, la vía Narcisa de Jesús y la ciudadela Coviem.

“Deben focalizarse en los barrios, no solo en las vías principales. El ladrón no se va por la calle principal”, dice Milton, un joven de 23 años que prefiere no dar su identidad, en el Guasmo Central, en el sur.

Otro de los rubros fuertes de la inversión municipal es la adquisición de vehículos. Desde el 16 de marzo, 63 camionetas todo terreno que compró la CSCG patrullan corredores comerciales, con militares, policías y agentes metropolitanos.

El proceso contractual para comprar esos vehículos registró solo una oferta habilitada, de la empresa Omnibus BB Transportes S. A., firma que tiene entre sus principales accionistas al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa). La entidad municipal negoció con el oferente y el trato se cerró en $ 1,9 millones al contado y contra entrega; unos $ 31 mil por cada camioneta Chevrolet doble cabina a diésel 2022. “Son vehículos con una alta durabilidad”, afirma Paulo Vásquez, gerente de Flotas del proveedor, quien refiere otra venta que realizaron, en cambio, a la Policía.

En un recorrido que hizo EXPRESO el viernes 18 de marzo por el centro y sur de Guayaquil constató la operación de, al menos, tres de las 63 camionetas. En el sector de las calles Portete y la 38, un policía que prefirió no identificarse dijo que detienen la marcha de carros sospechosos para realizar requisas, por ejemplo, cuando estos no tienen placa.

Jairo (identidad protegida), un taxista que vio uno de esos procedimientos, comentó que esos carros deben ingresar a sectores donde las bandas y estructuras criminales se han enraizado, no solo en los corredores comerciales: “Deben estar en zonas rojas”.

En las compras de la corporación municipal también hay adquisiciones de más de 70 motos y otros 10 carros. Parte de los procesos contractuales se enfocaron en conseguir accesorios e implementos de comunicación para los vehículos. “Nosotros damos las herramientas. No tenemos la competencia de seguridad. Eso qué quiere decir: que Cynthia Viteri no le puede decir a la Policía ‘vayan a cumplir con este plan’ (...)”, dijo Viteri en un espacio radial.

Renato Rivera, investigador de la Red Latinoamericana de Análisis de Seguridad y Delincuencia Organizada (Relasedor), teme que la inversión que se realiza desde el Cabildo se diluya y no se logre contener a la delincuencia y crimen organizado al no ser una institución especializada en esos temas.

“Como no hay una política desde el Gobierno central, el Municipio, aprovechando la campaña política que viene el próximo año, se toma atribuciones adicionales para generar políticas de seguridad interna. Ellos están generando un mecanismo paralelo de seguridad que es muy peligroso”, advierte el experto en seguridad.

“Peligroso porque existiría un mensaje político que legitima el uso ‘progresivo de la fuerza’ de otras instituciones más allá de la Policía y las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, dar funciones de policías a agentes metropolitanos más allá del control del orden público”.

Rivera considera que el gobierno local podría aportar de otra forma para sumar esfuerzos: “Donar terrenos para construir más UPC (Unidad de Policía Comunitaria), esa planificación la tienen que hacer con el ejecutivo, pero políticamente eso no se va a dar”.

Desde el Observatorio del Gasto Público, de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo comparten la idea del involucramiento de los gobiernos locales en problemáticas que no necesariamente tienen que ver con sus competencias, pero que sí afectan a la comunidad, como la delincuencia común y el crimen organizado.

“Es respetable que la Alcaldía quiera participar en el tema de la seguridad, considerando que Guayas es, hoy por hoy, la provincia donde más hechos violentos se registran, pero al mismo tiempo en el Municipio de Guayaquil han habido otro tipo de escándalos por la compra de tratamientos con aromaterapia o por los gastos que se dan por eventos culturales. Por eso siempre es bueno cuidar el recurso público porque es dinero del pueblo”, señala Leonardo Gómez, del Observatorio de Iniciativa Ciudadana.

Gómez también refiere el ejemplo de la poca aceptación que ha tenido la contratación de un mural por la Prefectura de Pichincha, por medio millón de dólares, versus la acogida ciudadana de la adquisición de pruebas de COVID-19.

Ciudadanos esperan que las autoridades locales y centrales trabajen de forma coordinada para invertir los recursos públicos de forma eficiente.