Las imágenes conmovieron al país: los expolicías Luis Guanotasig, Geovany Laso, Eduardo Mullo y Jesús Jetacama, salían a la calle y se echaban a llorar a mares por el fin de su calvario. Sentenciados a doce años de prisión por “tentativa de magnicidio”, cumplieron más de cinco años de su pena, fueron deshonrados, alejados de sus familias y separados de la institución a la que entregaron su vida. Esta semana, un tribunal de la Corte Nacional de Justicia, tras considerar nuevas evidencias (algunas de las cuales se negaron a ver los fiscales y jueces del aparato de justicia correísta que los condenó), decidió restituirles el estado de inocencia. “¡Dios mío!, ¿por qué me hicieron tanto daño, por qué?”, se dolía Guanotasig entre lágrimas. La respuesta a su clamor se conoce hoy a ciencia cierta y es bastante simple: porque estaba a la mano. Por lo demás, no era nada personal: a la revolución ciudadana de Rafael Correa le habría dado exactamente lo mismo arruinarle la vida a cualquier otro.

La revisión de la sentencia de los cuatro expolicías viene a confirmar lo que el país sabía: que los procesos del 30-S (marca registrada), en los cuales 188 personas fueron condenadas en diez años, según cifras oficiales de la Asociación de Víctimas del 30-S, constituyen el fraude judicial más grande de la historia ecuatoriana. Hubo videos manipulados que se usaron para inculpar a inocentes, como demostró un informe de Contraloría de cuando Carlos Pólit libraba su guerra personal contra el fiscal Baca Mancheno. Hubo pruebas de inocencia arbitrariamente descartadas, como el documento que certifica la presencia del policía Jetacama, ese 30 de septiembre, en la Unidad de Ponciano, a 15 kilómetros de los acontecimientos. Hubo desaparición de evidencias (las balas y los casquetes, por ejemplo) y alteración de la escena del crimen, con la enjundiosa colaboración de la Alcaldía del correísta hoy arrepentido Augusto Barrera, que se apresuró a limpiarlo todo...

Pero, sobre todo, hubo presión sobre jueces, fiscales y testigos. Hubo compra de conciencias. Hubo amenazas. Todo ello profesionalmente coordinado desde la misma oficina, externa a Carondelet, pero directamente adscrita al despacho del presidente de la República, donde Pamela Martínez y su asistente Laura Terán gestionaban el flujo de dinero sucio de los contratistas del Estado hacia las arcas del partido de gobierno. Así se descubrió por casualidad durante el juicio del Caso Sobornos. Al revisar la lista de correos electrónicos de Martínez aparecieron mensajes a fiscales, funcionarios del Consejo de la Judicatura, jueces... Con instrucciones, ofertas, amenazas, textos de sentencias...

“Si sale en las noticias nos vamos con todo contra usted”, dice el expolicía Nelson Puentestar que le dijo Laura Terán, empeñada en detener una entrevista que él se disponía a conceder en un canal de televisión nacional. Puentestar, abaleado por militares en la refriega del 30 de septiembre (él llegó a ver a quienes disparaban en su contra), pasó 15 días en coma y tuvo que ser sometido a cinco difíciles operaciones de reconstrucción de la pared de su abdomen. Cuando salió de ese infierno, supo que el presidente de la República tenía una oferta para él. Cuenta que lo invitaron a Carondelet, Rafael Correa se sentó a su lado y le dijo: “Aquí vas a tener absolutamente todo. Nomás tienes que decir que fueron los policías los que te dispararon”. Le ofrecieron casa del Miduvi y trabajo en el ECU-911. Él se negó y su vida se convirtió en un infierno. Quedó aislado, sin posibilidades de conseguir trabajo, con el teléfono intervenido y los pesquisas de inteligencia a la puerta de su vivienda, siguiéndole como su sombra. Se vio forzado a abandonar la capital y refugiarse en su pueblo natal, en la provincia de Carchi, con los nervios de punta, pobre y emocionalmente quebrado.

Casa del Miduvi, trabajo en organismo del Estado. Con estas ofertas el gobierno de Rafael Correa, según Puentestar y otras víctimas que pidieron no ser nombradas, compraron el silencio de mucha gente, incluidas las madres y familiares de policías caídos bajo los disparos militares. Guanotasig, Laso, Mullo y Jetacama, los cuatro que acaban de recuperar su estado de inocencia esta semana, recibieron la misma oferta. Ellos terminaron en la cárcel porque no transaron. Su testimonio coincide con el de Puentestar: fueron presionados por funcionarios del gobierno para declararse culpables. Si lo hacían, recibirían inmediatamente el indulto presidencial, como ya había ocurrido con otros policías antes que ellos. Indulto, más casa, más trabajo.

¿Cuántos de los policías que admitieron su culpabilidad en los hechos del 30 de septiembre de 2010 lo hicieron porque no pudieron soportar las presiones? La práctica de poner una confesión por delante del procesado inocente recuerda los procedimientos del estalinismo durante los juicios de Moscú. El objetivo siempre es apuntalar la tesis de la conspiración contra el Estado. ¿Quién puede decir que no hubo intento de golpe, secuestro y tentativa de asesinato contra el presidente cuando tanta gente admite su culpa? A los confesos, Stalin los mandaba a fusilar igual. Rafael Correa, en cambio, revestido de magnanimidad, los indultaba. Pero a quienes se negaban a confesar los mandaba presos, aun a sabiendas de su inocencia.

Las preguntas que surgen a medida que se desvela la verdad son innumerables y tienen, como el clamor del expolicía Luis Guanotasig, reproducido en el primer párrafo, un carácter moral. Para empezar, la pregunta de cajón: ¿cómo puede dormir tranquilo alguien que es capaz de enviar a la prisión a una persona inocente? La izquierda totalitaria (aquella que busca eternizarse en el poder, cooptar todas las funciones del Estado y aniquilar, ya sea física o simbólicamente, al adversario) tiene un largo recetario de coartadas ideológicas para cada monstruosidad al uso, algunas de ellas respaldadas por nombres indiscutibles de su santoral. El que se aplica en este caso bien pudo venir de la famosa frase de la Pasionaria, la oradora comunista amante de los fusilamientos durante la guerra civil española: “Si en época normal -dijo la Pasionaria- hay un adagio que dice que es preferible absolver a cien culpables a castigar a un inocente, cuando está en peligro la vida de un pueblo, es preferible condenar a cien inocentes antes de que el culpable pueda ser absuelto”. Así fueron los procesos del 30-S: cien inocentes fueron condenados por cada culpable (si acaso) y Rafael Correa duerme como un angelito.

Falsa justicia

“¡Dios mío!, ¿por qué me hicieron tanto daño, por qué?”, clamaba el expolicía Luis Guanotasig. La respuesta es muy simple: porque era la persona que estaba más a mano.

Colección de pruebas truchas

De los cuatro policías, hoy ratificados como inocentes, a quienes la justicia correísta condenó a doce años de prisión por intento de magnicidio, uno nunca estuvo en el lugar de los hechos, sino a 15 kilómetros de distancia; otro, según la perito Nora Mantilla, habría necesitado de un arma de alto alcance provista de mira láser para perpetrar los disparos contra Rafael Correa que se le atribuyeron; los otros dos nunca dispararon sus armas y fueron condenados a pesar de que los peritajes respectivos no podían demostrar lo que aseguraba el fiscal del caso. Tampoco son concluyentes, por haber sido editados, los videos utilizados como pruebas y que fueron entregados por la propia Fiscalía General del Estado, en ese entonces dirigida por Carlos Baca Mancheno.

Frente limpia

Guanotasig, Laso, Mullo y Jetacama son hombres de honor: terminaron en la cárcel porque no transaron con un gobierno que hizo todo para corromperlos.