Para el próximo martes 13 de octubre, el juez Ronald Guerrero convocó a la audiencia de vinculación de Paúl Granda, expresidente del Directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), a la instrucción fiscal por delincuencia organizada en la que se investiga la presunta existencia de una red de corrupción en hospitales públicos de Guayaquil.

A este caso, por el que ya están procesados los hermanos Dalo, Michel y Jacobo Bucaram Pulley, Daniel y Noé Salcedo, empresarios y exdirectivos del Teodoro Maldonado Carbo, la Fiscalía también ha pedido vincular a Susana Mera, exgerenta del hospital Los Ceibos.

Según el Ministerio Público, esta supuesta organización fue favorecida con la adjudicación de contratos mediante convenios de pago a través de hospitales del IESS. La Comisión Nacional Anticorrupción ha detectado que solo 2018 se firmaron 244 convenios de pago de manera irregular en el Teodoro Maldonado Carbo y Los Ceibos. El valor total de esos convenios asciende a 138 millones de dólares.

Además, según las investigaciones lideradas por la fiscal Claudia Romero, los procesados mantuvieron reuniones en dos edificios del norte de Guayaquil. En uno de ellos, Torres Colón 1, Daniel Salcedo tiene una suite.

En las bitácoras de seguridad de ese edificio está registrado el ingreso de Paúl Granda, quien ya ha señalado que no conoce ni tiene ninguna relación con Salcedo. "Jamás he participado de una reunión con él", escribió en su cuenta de Twitter el pasado 26 de junio.

Después de conocer el pedido de Fiscalía, Granda dijo en un comunicado que la vinculación le resultaba algo "insólito", pues no tiene ni ha tenido "ninguna relación con los inculpados en adquisiciones de los hospitales de Guayaquil".

Granda, quien hasta el pasado 22 de abril fue el presidente del Directorio del IESS, presentó su renuncia irrevocable al cargo tras el escándalo por la compra de mascarillas con sobreprecio en uno de los hospitales del Seguro Social durante la emergencia sanitaria.

• Traslado de Jacobo Bucaram

El juez Guerrero también se pronunció sobre el oficio del director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad (SNAI), Edmundo Moncayo, en el que solicita que los jueces que conocen las tres causas de Jacobo Bucaram Pulley se pongan de acuerdo sobre el Centro de Rehabilitación Social en el debe permanecer. Guerrero ordenó que se lo traslade a Latacunga el pasado 26 de septiembre por pedido de la fiscal Romero.

El juez le dijo al director del SNAI que su institución es la encargada de ejecutar y administrar las ordenes de privación de libertad, por lo que le dio 5 días para que le remita un informe de inteligencia en el que se señale el nivel de riesgo que correría Jacobo Bucaram en la cárcel de Guayaquil.