martes, 27 junio 2017
21:59
h. Última Actualización

La cuenta atrás para el contrabando de licores

09 ene 2017 / 00:02

Salir de viaje y traer alguna botella de alcohol para los amigos o para vender es una costumbre que, pese a las restricciones legales y la difusa línea entre el contrabando y el regalo, no se ha erradicado en Ecuador. Incluso, se ha agudizado en los últimos tiempos tal y como ha contado EXPRESO en reportajes sobre las compras en la frontera ante el incremento de las salvaguardias.

Ese panorama está por cambiar. Por ley y por las oportunidades que abre la llegada de bebidas alcohólicas de alta graduación de Europa, más baratas y en mayor cantidad de lo que lo hacían hasta ahora gracias al acuerdo con la Unión Europea.

Pero la problemática lleva más de un año afectando a los fabricantes nacionales y a los importadores legales, que llevan su negocio con todas las reglas y han visto caer sus ventas por el encarecimiento del producto y la competencia desleal de los licores introducidos a escondidas. Pero también al Estado. Todo lo que entra de contrabando deja un debe en las cuentas de recaudación del Servicio de Rentas Internas.

Y eso se refleja en las estadísticas. La caída del consumo por la estrechez económica que merma la capacidad adquisitiva del ecuatoriano se ha sentido en las arcas, acompañada de lo que se deja de vender formalmente por culpa del contrabando más barato. Tanto así que la recaudación por Impuesto al Consumo Especial, que grava la cerveza, las bebidas alcohólicas y los cigarrillos, entre otros, decreció en 2016 pese a que en abril, el Gobierno aprobó una reforma en la que subía la tasa para la cerveza industrial.

De 7,24 dólares por litro que debía pagar en ICE pasó a $ 12 por litro de alcohol puro, es decir, lo equiparaba a las bebidas más fuertes como el whisky o el ron.

Pero no fue esta la principal medida que ha implementado el Estado para contrarrestar los efectos de la llegada ilegal de trago extranjero. La clave está en poder rastrear cada botella. Y para ello, se creó un sistema de etiquetado que sirve para conocer el origen, el pago de impuestos y el tipo de bebida a la venta.

El sistema Simar se aprobó el año pasado en noviembre, pero el Servicio de Rentas Internas, un mes después, decidió aplazar su aplicación real, consciente de que el sistema que pretende limitar las posibilidades de que circule alcohol irregular también supone un impacto para los fabricantes que deben ponerlo en marcha.

El 15 de diciembre se publicó una nueva resolución en la que se ampliaba el plazo para poner en marcha el sistema Simar. “La instalación en las líneas de producción de la tasa Simar coincide con una temporada crítica de fabricación y siendo deber de la Administración Tributaria expedir los ajustes a las normas para facilitar la implementación del sistema”, se decidió aplazar al 13 de febrero la fecha definitiva para su cumplimiento. Es decir, se aplazaba a después de Navidad y de enero la obligación, ya que como reflejan las cifras de recaudación, el ICE tiende a subir entre noviembre, diciembre y enero gracias al ambiente festivo.

En realidad son varios plazos, tanto para el proceso de fabricación, de venta, de retirada de botellas sin etiqueta, etc., que hacen que sea el 1 de julio el día en que, si todo sale según las previsiones oficiales, no pueda haber en el mercado ni una sola bebida alcohólica sin el sistema de etiquetado. Y si la hay, será incautada.

Hasta entonces, fabricantes e importadores deberán adaptarse y asumir el costo y, asimismo, las ventajas de un sistema que pretende controlar todo lo que beben los ecuatorianos.

A LA CARTA