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Respetar la voluntad popular

09 feb 2018 / 00:00

    Parece una obviedad el título del presente editorial pero resulta necesario recordar ese principio fundamental de la democracia cuando el Ecuador está recuperando, al menos, ese talante, hasta hace poco sepultado por las tentaciones totalitarias.

    También se hace conveniente recalcar esa voluntad frente a las situaciones generadas por suerte ya superadas, por una petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dirigida a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, solicitando medidas provisionales en favor de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Los ciudadanos ya resolvieron positivamente la consulta planteada por el presidente de la República, orientada a cesar a sus actuales integrantes para reemplazarlos por un consejo transitorio hasta nombrar, por elección popular, a los nuevos titulares.

    Por lo demás, y respetando el estilo en la conducción gubernamental de altamente delicados asuntos atinentes a la política exterior del Ecuador, cabe preguntarse si la define, como reza en la Constitución, el jefe del Estado o este ha delegado dicha trascendente función a la Cancillería, institución teóricamente encargada de ejecutarla.

    Y el interrogante surge por la continua inconsistencia de los pronunciamientos del presidente de la República en relación a otros emitidos desde el Ministerio de Relaciones Exteriores en asuntos de trascendencia regional, tal cual la situación por la que atraviesa Venezuela.

    En todo caso, asumiendo los criterios de profesionales conocedores del derecho internacional, una vez afirmada la voluntad de respetar y hacer respetar el pronunciamiento popular libremente expresado en la reciente consulta, cabe no llenar de adjetivos calificativos lo actuado por la CIDH, y en cambio descalificarlo con base en razones jurídicas.

    Si bien lo ocurrido requirió una adecuada atención, que no se otorgó oportunamente cuando dicha comisión solicitó un pronunciamiento a la Cancillería ecuatoriana, que decidió postergar la respuesta requerida hasta después de la consulta, no parece necesario ni conveniente haber recurrido a epítetos impropios en el manejo de una situación que lo que necesitaba era argumentos legales, que por lo demás, tal como el país conoce, son amplios y sólidos.

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