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Evidencias de la corrupción

19 may 2017 / 00:00

    Cuando está próxima la entrega del ejercicio de la primera magistratura, el presidente saliente insiste en calificar de excelente su administración y negar la existencia de diversas manifestaciones de corrupción establecidas por los organismos de control.

    Sobre el estado de la nación sería aventurado, sin el pleno conocimiento de esa realidad, emitir un criterio. Cabe sí señalar que, por su propio interés, el nuevo presidente debe informarle al país la situación en que lo recibe, verificando cifras de las que hasta ahora no se tiene la certeza requerida, tal cual la magnitud del endeudamiento y su consecuente servicio.

    En cuanto a las evidencias de corrupción, son irrefutables los señalamientos de la Contraloría. Realizando exámenes propios de su naturaleza, en el ámbito petrolero encontró “indicios de responsabilidad civil y penal por unos 793 millones de dólares, hecho que generó sanciones en contra de 1.720 funcionarios y empresas relacionados con contratos en ese sector”. Una buena parte de dichas irregularidades fueron detectadas en las obras que se realizaron en la refinería de Esmeraldas para su repotenciación y mantenimiento, hecho sobre el cual el país había sido advertido por denuncias realizadas con mucha anticipación al informe comentado y que, a su tiempo, fueron desechadas como calumniosas y sistemáticamente negadas.

    Ahora se ha conocido que en efecto, recurriendo a la calificación de lo actuado bajo la modalidad de giro específico del negocio, se suscribieron subcontratos adicionales que en algunos casos llegaron a igualar el 100 % del valor del contrato inicial. Así, las contrataciones vinculadas a la refinería determinaron indicios de responsabilidad civil y penal cercanos a los 360 millones de dólares.

    También en la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, la Contraloría ha establecido responsabilidades administrativas y civiles que llegan a los 106 millones de dólares y se han detectado grandes perjuicios al Estado en razón de indemnizaciones no satisfechas y otros incumplimientos.

    Si a lo señalado se agregan otras denuncias, como el caso Caminosca, resulta innegable que la crítica ejercida por los medios de comunicación colectiva respecto a la gran corrupción vinculada a la contratación pública, no obedeció a un afán de perjudicar la imagen del Gobierno.

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