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Ante las nuevas evidencias

17 sep 2017 / 00:01

    En el Ecuador, por razones obvias, los ciudadanos miran con interés el desarrollo de la lucha contra la corrupción que efectúan los países latinoamericanos.

    El caso reciente más llamativo lo ofrece el Uruguay, república digna de admiración por múltiples motivos y sobre todo, por la calidad de la democracia que practica, reflejo nítido de la alta formación ética de su pueblo.

    En efecto, resulta emblemático el comportamiento de su anterior vicepresidente, que renunció a su cargo por el uso descomedido de una tarjeta de crédito institucional.

    En el vecindario, tanto en el Perú como en Colombia, la acción de las autoridades de control ha involucrado a varios expresidentes y altos funcionarios, y ha dado lugar a la elaboración de medidas orientadas a desestimular nuevos actos atentatorios al patrimonio público.

    Desgraciadamente, entre nosotros la situación ha estado marcada por un abierto apoyo al favorecimiento de la impunidad. Se ha llegado a expresar por parte del expresidente que los sobornos eran “propinitas” y que muchos ingresos no justificados por parte de los ministros que los recibieron eran “acuerdos entre privados que no afectaban al país”.

    Por su parte, tanto la Asamblea Legislativa como las autoridades encargadas de la administración de justicia y de la Función de Transparencia y Control Social omitieron el cumplimiento de sus deberes y salvo excepciones, no realizaron su labor de fiscalización; por el contrario, entrabaron la que se quiso ejercer por parte de los legisladores o sectores de la oposición que se atrevieron a formular denuncias. Para colmo, muchos de ellos terminaron a su vez enjuiciados o perseguidos.

    Ahora, cuando el cúmulo de evidencias es de una magnitud insoslayable, es de esperar que la Fiscalía acelere sus procedimientos y la Asamblea proceda a los enjuiciamientos políticos que ha mantenido imposibilitados.

    No puede el alto poder de la función fiscalizadora de la Asamblea Nacional verse ensombrecido por una equívoca visión de lo que serían las conveniencias políticas de la mayoría que allí ejerce con visión hegemónica.

    Por el contrario, hacer de la política de transparencia que preconiza el Ejecutivo una política de Estado, sería darle a la República la certeza de que se lucha en contra de la corrupción y contra la impunidad que la propicia.

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