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Responsabilidad política y corrupción

18 jun 2017 / 00:01

    El ambiente distendido generado por el presidente Moreno está promoviendo un escenario para que los actores políticos y sociales puedan debatir libre y públicamente los problemas del país. En este escenario se han posicionado preferentemente los provocados por los juicios penales e investigaciones en Petroecuador y las coimas entregadas por la multinacional Odebrecht, que implican a altos funcionarios del gobierno anterior y actual. En este contexto, principalmente en la Asamblea Nacional-AN, los partidos y movimientos políticos están desarrollando un intenso enfrentamiento sobre el papel jugado por el vicepresidente Glas en la conducción de los sectores estratégicos, por encargo del expresidente Correa. Algunos asambleístas y dirigentes políticos ante la ausencia de pruebas concretas que lo impliquen, por el momento, han comenzado a hablar sobre su “responsabilidad política” para proceder a un juicio político; o para que explique, por lo menos, el por qué se han producido estos hechos dolosos ante la Comisión Permanente de Fiscalización de la AN.

    Al respecto, pensamos que hay vacíos conceptuales y legales en la Constitución del 2008, como se puede observar en la sección Control de la acción de gobierno, art. 129 a 131. Así también hay opacidad en el decreto ejecutivo de “encargo” a Glas de los sectores estratégicos y al papel poco operativo del Ministerio Coordinador respectivo.

    El concepto de “responsabilidad política” hay que situarlo en el contexto de los diversos niveles de responsabilidad que conllevan las acciones o inacciones políticas. Es también “la que tiene todo actor político respecto a lo que ocurre en su área de poder directo, aunque no haya intervenido directamente en ello”. Tiene una doble característica: 1) la intersubjetividad, responde por sus actos ante sus electores; y, 2) la funcional, responde en términos de eficiencia y capacidad, que implican conciencia y ética.

    La debilidad de responsabilidad política afecta a la calidad de la democracia y a la tarea gubernamental.

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