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Renuncia y destitución

14 dic 2017 / 00:00

    Las declaraciones de Mangas, filtradas desde un espacio privado, no podían conducir a otro lugar que a una separación de sus funciones, porque su cargo implicaba la íntima confianza del presidente de la República y porque estas declaraciones fueron de tal manera imprudentes que dejaron la sensación de que los ecuatorianos estábamos siendo engañados con el proceder básico del Gobierno, es decir con los diálogos. Y Mangas no pudo decir otra cosa que aquello de que sus afirmaciones habían sido sacadas de contexto, defensa tan poco convincente que no tuvo más remedio que presentar su renuncia. Suele ocurrir que personas que no tuvieron experiencia en la función pública y carecen de una formación suficiente, cometen errores imperdonables y el caso de Mangas parece confirmar esta presunción. Con la renuncia y su aceptación, un asunto muy desagradable ha quedado saldado y no es probable que Mangas ocupe otra función en el actual gobierno porque eso sería como una nueva burla a los ecuatorianos.

    También se dio la destitución del superintendente de Comunicación. Este caracterizó su gestión por su permanente afán de sancionar a los medios privados con cualquier pretexto, que no era otra cosa que el interés del correísmo de descalificar a la prensa independiente, a la que sin prueba alguna tildaba de corrupta, cuando la corrupción -la más grande en la historia nacional- hacía presa de los estamentos principales, señalando a altos funcionarios del régimen como sus autores, mientras se daba miles de dólares en el cargo que ejercía ese superintendente en uno de los canales de televisión, con el pretexto de bonos. Naturalmente, el expresidente de la República ha salido a decir que ese sujeto que no tenía ni siquiera formación elemental para ejercer las funciones de gran censor de la prensa, es un nuevo perseguido político.

    Ahora no hay como antes perseguidos políticos pues los que se hallan en situación de reos tienen mucho que responder en el manejo de las funciones que ejercieron en el gobierno anterior, pero cuentan con la permanente defensa del expresidente de la República, convertido en una especie de abogado de oficio para liberar a inculpados de las sanciones que merecen quienes convirtieron a la función pública en una asociación para delinquir.

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