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Reglamentos discrecionales

13 sep 2017 / 00:01

    En un régimen presidencial como el ecuatoriano, el presidente tiene facultades para expedir reglamentos a leyes que elabora la Función Legislativa, sin contravenirlas ni alterarlas, así lo estipula la Constitución vigente. Para dirigir la administración pública, que debe hacerlo de forma desconcentrada, también tiene facultad de dictar decretos para su integración, organización, regulación y control. Esa potestad reglamentaria no lo exime de cumplir y hacer cumplir la Constitución, leyes, tratados internacionales y demás normas jurídicas. En una democracia, ni el presidente, ni ninguna institución o funcionario pueden ejercer más atribuciones que las establecidas en la Constitución y la ley.

    Hago este necesario preámbulo para hacer notar que argumentando triunfos electorales, en el gobierno anterior se abusó de la expedición de decretos que sirvieron, entre otros casos, para contrataciones de obras prescindiendo de concursos abiertos y libre participación de interesados. Sería conveniente que la Asamblea Legislativa analice si existieron abusos de esa atribución excepcional que tiene un presidente, que debe limitarse a situaciones de emergencia, como una calamidad pública, desastre natural, grave conmoción interna, entre otras eventualidades.

    Es pertinente revisar reglamentos que, expedidos discrecionalmente, pudieron afectar derechos de personas o entidades. La Constitución y la ley establecen requisitos para optar por un cargo como autoridad de organismos de control, juez, etc. A manera de ejemplo, surge el interrogante: ¿quién reglamentaba parámetros de selección, puntajes por merecimientos, calificación de pruebas de oposición en concursos, en que por regulaciones sesgadas se pudo favorecer a determinado aspirante? Ese proceder se observó en diversas instituciones públicas, demostrativo del poder absolutista que prevaleció la década pasada, lo cual debe corregirse por la salud de la democracia.

    Es una buena señal que se pida actualmente sugerencias a la ciudadanía en la elaboración del reglamento para renovar parcialmente la Corte Nacional de Justicia.

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