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La venta de la bandera SSXXI

21 ene 2018 / 00:00

    Debieron transcurrir 124 años del episodio de la “venta de la bandera” (que involucró al gobierno del presidente Luis Cordero y a los de Chile y Japón en el “affaire” de la transferencia del buque Esmeralda), para que un nuevo capítulo de juego sucio con la nacionalidad ecuatoriana se diere; esta vez no como tragedia, sino en forma de farsa de mal gusto, protagonizada por la canciller y el novísimo ecuatoriano: el “enfant terrible” Julian Assange. El sujeto debe ser indudablemente poseedor de temibles secretos que comprometen la seguridad del Gobierno para que pueda ser no solo merecedor de llamarse ecuatoriano, sino, pretendidamente, miembro del cuerpo diplomático acreditado ante el Gobierno de Su Majestad británica, al tiempo de ser prófugo de la justicia.

    En una sola intervención, la señora ha evidenciado una extraordinaria falta de criterio, ha irrespetado a los ecuatorianos, ha violado la ley y ha dejado sentado que es indigna de representar el cargo que ostenta. Si la funcionaria hubiese tenido la integridad requerida, ella debió haber presentado su objeción y, de ser forzada a acatar una instrucción contraria a la ley y a la buena práctica, debió haber tenido la vergüenza necesaria para presentar su renuncia al cargo.

    Lejanos están los tiempos del Dr. Velasco Ibarra, cuando tener la nacionalidad ecuatoriana era un privilegio, y las solicitudes de nacionalización eran juzgadas con severidad y requerían de decreto ejecutivo para su vigencia. Hoy, con otra de esas leyes espurias del SSXXI, cualquier hijo de vecino puede aspirar a ser ciudadano ecuatoriano sin siquiera conocer o entender lo que es esta nación: su historia, su cultura, su geografía, o su lenguaje. Puede presentarse como ecuatoriano, con todos los derechos, pero sin las obligaciones de los nativos; puede votar en temas que no son de su interés particular (como la consulta ad portas), y tener incluso preferencia para practicar profesiones como la medicina, con privilegios, transferencias a sus gobiernos, y ocupar puestos de autoridad en los hospitales ecuatorianos.

    La canciller otorgó la nacionalidad a un fulano que ha insultado en forma deliberada al país que le ha dado cabida por más de cinco años, calificándolo de “insignificante”. La mujer hizo procesar la ciudadanía antes de serle otorgada la cédula de tal, reportando una dirección inexistente. Le ha mentido a la opinión pública y niega su estulticia. Argumenta, finalmente, que la barbaridad la ha cometido para defender el “interés nacional”, haciendo caso omiso de que el interés nacional radica en la defensa cerrada de la dignidad del Ecuador y de los ecuatorianos. No nos merecemos ser abofeteados de esta forma por Whitehall, ni ser el hazmerreír del mundo, que llega a sentir vergüenza ajena por nuestro predicamento.

    El presidente debe decidir si su compromiso es con esta clase de gente o con los ecuatorianos. La retórica del cambio suena cada vez más hueca y vacía cuando se repiten manifestaciones vergonzantes de esta naturaleza que contradicen las posturas presidenciales, y cuando los más cercanos colaboradores del régimen se convierten en voceros de la impudicia y su canciller se dedica a la venta de la bandera.

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