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Justa limitación normativa

20 may 2017 / 00:00

    El fallo de la Corte Suprema de Justicia argentina a favor del represor Luis Muiña, agente de la dictadura militar que obtuvo su libertad por la ley del 2x1, que redujo su condena a la mitad, abrió la compuerta para las peticiones en serie de otros miembros de la dictadura que se encuentran aún purgando sus condenas para beneficiarse del polémico fallo de la Corte. El primero de ellos: el excapitán de Ejército Víctor Gallo, condenado a 25 años de encarcelamiento por robo de bebés y otros delitos. Su caso es de los más emblemáticos porque Gallo se apropió del hijo de Silvia Quintela, quien dio a luz en el hospital militar de la guarnición de Campo de Mayo, en julio de 1977, cuando ella y su marido Abel Madariaga se encontraban detenidos por ser miembros de la guerrilla peronista Montoneros, constando ella aún como detenida-desaparecida. Su hijo nació y ella lo bautizó como Francisco, pero Gallo se lo apropió e inscribió como hijo suyo, con el nombre de Alejandro. Francisco Madariaga es el nieto recuperado 101 de los 122 de la lista de las Abuelas, a los que el Estado devolvió su identidad en 2010, tras pasar su vida hasta entonces en el seno de la familia de su apropiador, un tipo violento cuyo comportamiento lo llevó a tenerle miedo y a dudar de que fuera su padre biológico. Un día el joven se presentó en la sede de las Abuelas de la Plaza de Mayo, pidiendo que le hagan un análisis de ADN, pues sospechaba ser hijo de padres desaparecidos. El examen de laboratorio lo confirmó. Ahora, ante la posibilidad de que Gallo recobre su libertad, Madariaga preocupado, ha dicho: “toda mi vida luché para sacarme de encima los miedos que este tipo (Gallo) me metió dentro del cuerpo. Si lo dejan libre me va a ser imposible, porque me va a venir a buscar, yo lo sé. Es un psicópata”. Como él, ¿cuántas víctimas de estos desalmados represores y asesinos van a vivir de nuevo aterrorizados cuando recobren su libertad? Ojalá no ocurra. El Congreso, ante el repudio de la ciudadanía que concluyó con una multitudinaria marcha contra el cuestionable fallo, ha puesto límites a la aplicación de la citada ley, excluyendo de ese beneficio a genocidas y culpables de delitos de lesa humanidad. Las normas buscan prever la resolución de un conflicto, aunque lo haya ocasionado un fallo judicial.

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