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Ecuador perdió

12 sep 2017 / 00:01

    Haciendo un balance de los contratos suscritos con empresas chinas para la ejecución de obras de infraestructura, el resultado es claro: Ecuador ha salido perdiendo. Hay una serie de hechos que lo corroboran. La Plataforma Gubernamental Financiera, construida por CAMC Engineering e inaugurada el 15 de mayo de 2017, tuvo un costo final de casi 217 millones de dólares, cuando el inicial fue de 79,5. El país tuvo que pagar además 800.000 dólares para reparar los colectores, cuya falla causó la inundación, sin que hasta el momento se haya demandado a la empresa china la devolución de esos valores. Esta misma entidad tuvo a cargo la construcción de los hospitales de Monte Sinaí y del Guasmo Sur, en Guayaquil. En el primero, los costos subieron en un 83 % y se subcontrataron obras por encima de lo permitido por la ley. En el segundo, también ocurrió esta ilegalidad.

    La Cneec (China National Electric Engineering), incumplió en la construcción del Proyecto Quijos y el Proyecto Mazar, y no hay información respecto al cobro de las garantías.

    El caso del Proyecto Mirador, a cargo de ECSA (Ecuacorriente S.A.) es una muestra clara del irrespeto ambiental de esta empresa. Tales irregularidades fueron denunciadas por las comunidades de esa área shuar, y se refieren a la tala arrasadora de árboles, apertura de trochas, sedimentación de ríos, alteración de su cauce, entre otras, con depredadores efectos para las poblaciones, la fauna y la flora. Este problema ha llevado a que varios organismos, nacionales e internacionales, alerten sobre lo que consideran un atentado contra la biodiversidad de una enorme área geográfica y humana.

    Hidrochina, a cargo del Proyecto Delsitanisagua, separó intempestivamente a 200 trabajadores, no pagó por las labores en el subsuelo (“horas túnel”), no contrató el porcentaje de trabajadores discapacitados, no implementó comedores, incumplió con el transporte en horas extras y, pese a todo esto, demandó a la Celec EP en 122 millones de dólares por supuestos rubros adicionales.

    El Gobierno debe tomar medidas.

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