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Consulta al soberano

06 dic 2017 / 00:00

    Está acertado el presidente Moreno convocando a consulta. No todos los temas que preocupan al país están incluidos, pero por la situación heredada del gobierno anterior, que absorbió el control de todas las funciones e instituciones del Estado, la alternativa para empezar a desatar ese enjambre de poder es preguntar directamente al ciudadano su decisión.

    Un referendo es la más clara expresión de respeto a la Constitución, cuyo primer artículo establece que la soberanía radica en el pueblo, que es el fundamento de la autoridad. Cualquier maniobra o argucia para impedir el pronunciamiento ciudadano equivale a negar la vigencia de la democracia. Ahí radica la diferencia entre un régimen republicano y un gobierno totalitario monárquico, en el que el gobernante se considera el soberano. El anterior gobierno, frente a encuestas que no lo favorecían, esquivó consultar y tramitó una enmienda constitucional para viabilizar una futura reelección. Esta consulta devuelve el derecho del pueblo a definir su futuro, ese solo hecho amerita apoyarla.

    La Corte Constitucional al no emitir dictamen en el plazo previsto, tácitamente opinó favorablemente, de conformidad con lo establecido en la ley, que según el artículo 430 de la Constitución es la que regula su funcionamiento y procedimientos. Su potestad de precautelar la vigencia del régimen de derecho no puede vulnerar derechos políticos de los ciudadanos. La decisión del Consejo Nacional Electoral consolidó el proceso.

    La consulta servirá al actual gobierno para enfrentar y superar problemas acumulados de la década pasada. Deben sepultarse confrontaciones que han generado aversión y roto todo vestigio de unidad nacional, transparentar y sancionar multiplicados actos de corrupción con sobreprecios o coimas que han beneficiado a unos cuantos pícaros y perjudicado al país; hay que devolverles independencia a la función Judicial, Electoral, a los organismos de control, desmontar privilegios del partido gobernante, apoyar sin reservas o prejuicios al sector productivo, lo que permitirá restaurar una sólida institucionalidad, base de una democracia.

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