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Conservar España

12 oct 2017 / 00:00

En tiempo de crisis los amigos retoman contacto. La actual situación en España, a partir del referendo de independencia convocado en Cataluña el 1 de octubre, ha multiplicado estos reencuentros. Muchos me preguntaban por qué España simplemente no permite que se lleve a cabo el referendo, pero esa no es una opción. La idea de que Cataluña debería poder realizar su referendo, con base en el “derecho a decidir”, ha inundado los medios internacionales, incluso con apoyo en algunos sectores de la sociedad española. Como referencia de autoridad, se esgrime la decisión del ex primer ministro británico David Cameron, de permitir el referendo escocés por la independencia en 2014. Pero este planteamiento no tiene cabida en la Constitución española de 1978, que supuso la transición de un régimen dictatorial a uno democrático, establece el imperio de la ley en el ordenamiento jurídico español, y “se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española”, cuya soberanía pertenece al pueblo español. Constitucionalmente, España es una sola nación, indivisible. Como tal, no puede llevarse a cabo un referendo secesionista sin vulnerar el orden constitucional que el país ha construido a lo largo de 40 años, desde la muerte del dictador Francisco Franco en 1975. Pero el principio de que España es un país unido y su mantenimiento como tal, no niegan la existencia de otras identidades individuales o colectivas. Por el contrario, el preámbulo de la Constitución eleva a constitutivo el “proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones”. De esa esencia se deriva un rico conjunto normativo que reconoce la autonomía, particularmente la de Cataluña, cuyo Gobierno cuenta con importantes competencias. Calibrar la relación entre grupo, región y nación es un proceso en curso, en el marco de la Constitución. Y un referendo de independencia quebraría la democracia española. Algunos defienden que la solución es reformar la Constitución pero eso afrentaría a la inmensa mayoría de ciudadanos españoles y supondría un golpe irreversible contra la democracia. Una consecuencia de la creciente autonomía de Cataluña y del mal uso de esas competencias por los secesionistas en el gobierno autonómico, ha sido la eliminación de la presencia del Estado español en este territorio. Las conexiones entre Estado y ciudadanos se han debilitado, provocando el desgaste de los vínculos sociales que mantienen la nación unida. España necesita un esfuerzo concertado para dar nuevo impulso a la movilización de la sociedad -en particular a las jóvenes generaciones- en el proyecto de gobierno. Estrechar lazos entre ciudadanos, Estado y sociedad es un reto universal. Y hoy es urgente abordarlo, dada la actual tentación de retorno al etno-nacionalismo o tribalismo que como estamos viendo en nuestras democracias, maduras, amenaza directamente al liberalismo y al imperio de la ley. En España nos enfrentamos a una inmensa tarea. Pero culminándola, nuestro país y la democracia en general saldrán reforzados de esta crisis.

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