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Enviada por la Procuraduría General del Estado

14 ene 2018 / 00:01

    En atención al editorial publicado el 11 de enero de 2018 titulado “Recuperar es tarea de Procuraduría”, que manifiesta: “Recuperar todo o parte de los fondos públicos que los corruptos se han apropiado, por diferentes vías y mecanismos, es una de las tareas más importantes que debe realizar la Contraloría, pues la Procuraduría ha estado muy lenta”, es necesario aclarar que las acciones que se están adoptando para “recuperar” los perjuicios causados al Estado corresponden, según sus competencias, tanto a la Contraloría General del Estado, como a la Fiscalía y ls Procuraduría, e inclusive a las instituciones del Estado que hayan sido perjudicadas por actos de corrupción.

    En el caso de la recuperación integral como consecuencia de los procesos penales, la posibilidad de su recuperación procederá únicamente cuando se obtengan las sentencias y que estas se encuentren ejecutoriadas. En ello intervienen la FGE como titular de la acción penal y los jueces a quienes les corresponda resolver, sin que una acción unilateral de la PGE pueda por sí sola generar una recuperación.

    Por su parte, la posibilidad de recuperación mediante determinaciones de responsabilidad civil culposa (glosas) difiere de los procesos judiciales; si bien la PGE es parte de los procesos de impugnación judicial de las determinaciones de la CGE, ni la determinación de responsabilidad de acuerdo a los resultados de los informes de la Controloría, ni su ejecución, son competencia de la PGE. Una vez determinadas las glosas y cuando estas están ejecutoriadas, la recuperación de los valores es potestad de la CGE y de las instituciones perjudicadas y no de la PGE, siguiendo el procedimiento previsto en el art. 57 de la LOCGE.

    En relación a la expresión: “La Procuraduría, que no cumplió”, sin ningún análisis o explicación, para información de la ciudadanía, el aporte de la PGE en los casos de corrupción relacionados al escándalo de Odebrecht están reflejados en la presentación de 5 acusaciones particulares y en el caso del proceso de asociación ilícita, está demostrado en la coincidencia de la resolución oral del día 13 de diciembre de 2017 en la que el Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia recoge entre otras cosas: la teoría del caso planteada por la PGE, incluyendo la reparación integral a favor del Estado en su condición de víctima, así como sus argumentos respecto del valor de la prueba pericial aportada y la aplicación de la pena máxima establecida en el Código Penal, respetando el principio de favorabilidad.

    La PGE, en coordinación con la FGE y la CGE, continuará impulsando las acciones tendientes a la recuperación de los perjuicios causados al Estado, respetando las competencias exclusivas de cada institución.

    Dr. Diego García Carrión

    Procurador general

    Este contenido es una producción de Gráficos Nacionales SA Granasa, publicada originalmente en el sitio web www.expreso.ec y protegida por derechos de autor. Su reproducción total o parcial queda prohibida.

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