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Desclasificarán las torturas de la dictadura de Pinochet

La presidenta Michelle Bachelet busca destrabar un proyecto de ley para que la justicia acceda a los testimonios y documentos entregados por las víctimas de abusos.

Chile /
17 sep 2017 / 00:01

Paulina Abramovich /AFP

¿Se debe levantar el secreto que cubre por 50 años los testimonios de los torturados por la dictadura de Augusto Pinochet? Esa discusión divide a Chile ante una iniciativa de la presidenta Michelle Bachelet para acelerar y destrabar juicios por esos casos.

La reserva de identidad permitió que muchos se atrevieran a revelar por primera vez detalles de los horribles apremios por los que pasaron y que fueron recopilados en un libro en 2003, cuando se cumplieron 30 años del golpe al presidente Salvador Allende.

Ahora, la presidenta Bachelet -víctima ella misma de tortura, al igual que su madre, y cuyo padre murió en prisión- quiere acelerar el debate de un proyecto de ley para levantar el secreto de esos testimonios recabados por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, conocida como ‘Comisión Valech’.

“A nadie le gusta publicar las humillaciones a las que fue sometido”, dijo el expresidente Ricardo Lagos, quien creó esa comisión que recogió el testimonio de 35.000 personas y logró acreditar que cerca de 28.000 de ellas fueron torturadas, en una de las prácticas más masivas de las dictaduras latinoamericanas.

La Comisión estableció reparaciones económicas para los afectados, así como un plazo de 50 años para la reserva total de la identidad específica de cada testimonio.

El lunes, durante la conmemoración de los 44 años del golpe de Estado que instaló la dictadura de Pinochet, la presidenta Bachelet anunció que le impondría “discusión inmediata” a un proyecto de ley ingresado hace dos años para permitir la entrega a la justicia de “documentos, testimonios y antecedentes” proporcionados bajo secreto a la ‘Comisión Valech’.

El objetivo, explicó, es que “esa información se pueda entregar a los tribunales, de manera de avanzar en procesos que hoy pueden estar detenidos, y contribuir concretamente a la consecución de verdad, justicia y reparación para las víctimas y sus familiares”.

Con ello, se asemeja a lo que sucedió con el llamado informe Rettig, que en 1991 -un año después del fin de la dictadura- estableció las circunstancias en que murieron o desaparecieron las 3.200 víctimas atribuidas al régimen que por 17 años encabezó Pinochet, abriendo el camino a las investigaciones judiciales.

El anuncio de la presidenta despertó una ardua discusión y obligó a su gobierno a ampliar el plazo de discusión de la iniciativa en el Congreso, que inicialmente vencía en una semana.

“El propósito era conocer la verdad y no hacer justicia. A todos aquellos que iban a declarar se les decía que su declaración iba a ser confidencial”, explicó el expresidente Lagos, en una entrevista con la radio Cooperativa.

Muchas personas, agregó el exmandatario, “declararon, reconocieron y después pidieron que sus testimonios fueran retirados, porque tenían miedo”.

Pero la reconocida abogada de Derechos Humanos, Carmen Hertz, defiende otro punto de vista. “Las víctimas no fueron a un confesionario, sino a realizar una denuncia”, sentenció.

Sin embargo, muchas de las víctimas se resisten a que se sepa los detalles de lo que fueron sus tormentos.

El propio Lagos explicó que este fue uno de los motivos por los cuales se amplió de 30 a 50 años el plazo inicialmente previsto para la reserva.

Según relató, a punto de concluir el trabajo de la comisión, una mujer que a los 15 años fue violada sistemáticamente por sus torturadores se le acercó y le expresó: “Espero estar viva todavía cuando tenga ochenta años y no quiero que mientras esté viva mis nietos conozcan esas atrocidades que sufrió su abuela”.

Lagos también destacó que, amparados en la reserva de identidad, muchos confesaron haber delatado bajo tortura a sus propios compañeros.

Lentamente, la justicia chilena ha ido saldando su deuda con los víctimas de la dictadura pinochetista.

El Poder Judicial mantenía a fines de julio de 2016 un total de 1.184 causas abiertas por crímenes de lesa humanidad, un 28 % de ellas por torturas, mientras que hasta el año 2015, 344 exagentes cumplían condenas, de acuerdo a un informe de la Universidad Diego Portales.

Cuando en 2003 el informe fue entregado al presidente Lagos se realizó una sola copia precisamente para evitar filtraciones.

La mayor parte de las torturas y detenciones ilegales (60 %) se realizaron en 1973. Posteriormente, entre los años 1974 y 1979, se desarrolló la llamada ‘Guerra Sucia’ contra la subversión, encabezada por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la temida policía política al mando del general Manuel Contreras.

El informe describe también los métodos de torturas utilizados, entre los cuales se incluye la aplicación de electricidad, abusos sexuales, violaciones con animales, fusilamientos simulados, quemaduras en zonas sensibles y órganos genitales, entre otras atrocidades en esa época.

“Es un derecho conocer la verdad con sus detalles”

El Gobierno de Bachelet, a través de la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Fries, ha explicado que no se vulnerará la privacidad de las víctimas. “Lo que estamos haciendo es entregarle la posibilidad a los tribunales de justicia que cuenten con información que además no sabemos si les va a ser útil o no, pero hay que hacer el intento”.

El presidente de la Suprema, Hugo Dolmestch, indicó que “con la comisión de crímenes de lesa humanidad, el ofendido es la humanidad toda y existe, por lo tanto, un bien superior y un derecho de la comunidad a conocer la verdad con todos sus detalles”.

Hace tres años, sin embargo, el propio Gobierno de Bachelet defendió el secreto del Informe Valech ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos tras una denuncia realizada por víctimas de prisión política.

La iniciativa de Bachelet, a menos de seis meses de dejar del poder, genera rechazo en sectores del propio oficialismo por vulnerar un compromiso realizado por el Estado ante las víctimas que entregaron su testimonio. El primer Gobierno democrático tras la dictadura, el de Patricio Aylwin (1990-1994), formó la Comisión Rettig, una instancia que investigó por primera vez la existencia de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos en el régimen militar (1973-90). Pero los detenidos y torturados no habían tenido un reconocimiento del Estado. Fue en 2003, cuando se cumplieron los 30 años del derrocamiento militar del Gobierno de Allende, cuando el presidente Lagos anunció la creación de la Comisión Nacional de Política y Tortura, liderada por el sacerdote Sergio Valech.

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