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Las medidas pueden afectar
a las economías de escala

Mariela Méndez Prado

MAriela Méndez, profesora de la Facultad de Economía y Negocios de la Espol.

La semana pasada se anunció que la recaudación de impuestos durante el 2008 ascendió a $ 6.194,5 millones, 12,1% superior a la meta prevista y 20,4% sobre la recaudación del 2007, un incremento que debe ser mejor explicado, para diferenciar qué parte corresponde a la ampliación de la base tributaria y cuál a los mayores niveles de eficiencia del Servicio de Rentas Internas (SRI).

En una sociedad donde se exige un mayor nivel de cumplimiento tributario, los contribuyentes también tienen derecho a exigir una mejor rendición de cuentas al recaudador (SRI) y al administrador del gasto que utiliza esos recursos para el financiamiento del presupuesto estatal.

Como parte de las medidas para contrarrestar los efectos de la crisis y el desbalance comercial, hasta el momento se está viviendo la aplicación de un impuesto a la salida de capitales que no solo se refiere a la transferencia de dinero efectivo a cuentas al exterior sino a todo pago que se realiza en el extranjero, incluyendo consumos básicos que realice mientras se encuentra fuera del país.

La aplicación del impuesto a la salida de capitales debe aplicarse por montos diferenciados y definir una base mínima. En la situación actual a una compra de alimentos de $ 30 en un supermercado en el exterior se le aplica el impuesto a la salida de capitales. Quizá sea más fácil incluir a todos para la simplificación de la tarea, pero se deben hacer análisis más detallados que garanticen una aplicación efectiva del impuesto, hacia los sectores que sean representativos para el control y recaudación.

Además, se impuso gravámenes y cupos a más de 600 artículos para la importación. Entonces el tema de las ventajas comparativas queda de lado, pues hay sectores en los que aún falta fortalecer la industria nacional en temas de calidad y conocimiento y se importan desde países vecinos por un tema de economías de escala y logística industrial, la relación precio-calidad justifican su compra.

La declaración exigida en el primer semestre del año para los poseedores de un patrimonio superior a $ 100.000 cuenta con poca aceptación en la ciudadanía porque si se toma como referencia un ejemplo básico de alguien con una casa con el precio ofrecido por urbanización promedio en $ 68.000, un vehículo de 12.000, enseres de $ 7.000 y otros objetos de valor, sin contar algunas otras cosas, seguro más de uno cubrirá ese monto y deberá realizar la declaración patrimonial.

Para los que se encuentran bajo sociedad conyugal la cifra se amplía a 200.000 por lo que ya habrá más de uno queriendo hacer uso del reconocimiento de su compromiso para evitarse la declaración.

Pero sobre todo lo más preocupante es que la medida que trata de ser inclusiva en la información, probablemente tenga bajo impacto a los que realmente se desea controlar, ya que quienes más tienen hacen uso de figuras legales, registrando sus propiedades a nombre de compañías y/o fideicomisos y sobre eso no se ha dicho nada al respecto.

Nos resta confiar en el sigilo de la información, para muchos la declaración patrimonial será la base para una “cacería de brujas” pues se desconfía del uso que se le dará a los datos; para otros es una reacción natural de los que no han estado acostumbrados a que se los controle y más aún, al pago de impuestos.

Sin duda, el SRI debe contar con la mayor cantidad de herramientas para mejorar sus niveles de tributación y control, desde el 2002 en que se empezaron a evidenciar mejores desempeños en la recaudación tributaria debido a la gran reforma de la institución, su desempeño ha sido bueno, pero ya es momento de que se amplíe también la base de los contribuyentes que “se mantienen en la sombra” y que las medidas sean desarrolladas con mayor tecnicismo para no afectar a la clase media y baja que termina pagando más impuestos.