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Roldós: Marina está sometida a picardía jurídica
Asambleísta cuestiona la permanencia de los militares en Petroecuador

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El asambleísta León Roldós Aguilera, integrante de la Comisión Legislativa y de Fiscalización, calificó de “picardía jurídica” el Decreto Ejecutivo 1544 del pasado 20 de enero, mediante el cual el presidente Rafael Correa extendió en 60 días el tiempo de permanencia de la Marina en Petroecuador.

Roldós envió el jueves una carta al comandante de la Armada, contraalmirante Aland Molestina, en la que le dice que la entidad está sometida a la picardía jurídica. La califica así porque Correa dictó otro decreto, con las mismas palabras del emitido en noviembre pasado, en el que declara un nuevo estado de excepción, cuando no se había terminado el anterior porque la Marina no había salido de la petrolera.

“La viveza criolla -realmente vergonzoso fraude ético y picardía por ser deshonesta- es interpretar que al haber pasado desde el 19 de noviembre del 2008 hasta el 18 de enero del 2009, sesenta días, aquel estado de excepción ya se acabó el 18 de enero y ya es otro estado de excepción -no la renovación limitada a treinta días a que se refiere el Art.166 de la Constitución- el del Decreto del 20 de enero del 2009”, dijo.

Roldós también cuestiona los contratos de renegociación petrolera que aumentaron la participación del Estado al 70 por ciento sobre los nuevos precios base. Según él, no hay ingresos para el país porque los precios base quedaron por encima de los precios reales de venta del petróleo.

“Posiblemente, los negociadores de las petroleras privadas fueron bonificados porque supieron aprovecharse de la torpeza negociadora de quienes representan al Estado ecuatoriano”, expresó.

En la carta enviada a Molestina, el asambleísta anexó la denuncia que el 21 de este mes presentó en la Fiscalía para que investigue el contrato, supuestamente “ilegal” de la compañía Ivanhoe.

Roldós aseguró que el comité de contrataciones se integró con dos altos oficiales de la Fuerza Naval y un civil que prefirió no votar el contrato con Ivanhoe en la sesión del 29 de julio pasado.

Y, a su criterio, el contrato es lesivo al país porque “en caso de que se incrementen los costos, gastos e inversiones en el modelo económico de la contratista originalmente presentado, estos costos, gastos e inversiones serán recuperados por la contratista, a través de la suscripción de un contrato complementario”.


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