Desde la etapa colonial hasta la actualidad, Ecuador en diferentes momentos históricos, dentro de la división internacional del trabajo, ha sido un productor marginal de minerales, como en los casos de los siglos XVI y XVII en el suroriente como lo destacó Luciano Andrade sobre el polo minero y, posteriormente, en los siglos XIX y XX con la explotación de las minas de Zaruma y Portovelo, descrito por Ricardo Paredes, por parte de los ingleses y norteamericanos. Asimismo, en el siglo anterior se inició y desarrolló en Nambija, una precaria y contaminante explotación artesanal, que en 1993 provocó alrededor de 400 muertos; o la similar explotación en la zona de Camilo Ponce-Azuay.

Asimismo, durante este período por parte de anteriores gobiernos, donde se destaca el de Lucio Gutiérrez, se han dado unas entregas irresponsables de concesiones mineras a empresas trasnacionales expoliadoras de nuestros recursos no renovables. En la formación social ecuatoriana no se puede dejar de reconocer que el modelo económico extractivo -minero y petrolero- ha conllevado, históricamente, de una manera contradictoria ciertos beneficios económicos y financieros para los empresarios y para el Estado, pero con consecuencias nefastas para el medio ambiente, el empleo y las poblaciones locales, en sus niveles económicos, sociales y culturales, preñando al futuro de miseria e incertidumbre.

Las lecciones históricas han sido experimentadas y aprendidas por los sectores rurales vinculados a la tierra rural, en particular los pueblos y nacionalidades indígenas como también los pequeños y medianos propietarios agrícolas de las tres regiones geográficas del país vinculados con la producción para el mercado interno, pero un Gobierno de “izquierda” no ha asumido las enseñanzas que dan casi noventa años de un modelo extractivista (petrolero) con la nueva ley minera que tiene méritos pero también grandes inconsistencias propositivas, con el nuevo modelo de desarrollo y el tipo de Estado a impulsarse, como vacíos normativos, que afectan principalmente a las poblaciones secundarias y rurales, que por eso proclaman el “Churay Karaqu”, o “aquí estamos, carajo”.

Con la ley aprobada, apresuradamente, por el “Congresillo”, después de las presiones y amenazas presidenciales, se viola recurrentemente a la nueva Constitución, el logro más importante según el Presidente de sus dos años de gestión, principalmente en los artículos 313, al no defender el valor estratégico real que tendría la minería para el país; el art. 316, que señala “así como también delegar de una manera excepcional a la iniciativa privada” ya que se permite el acceso fácil y legal de irresponsables transnacionales mineras.

Así también, el art. 334 ya que no “elimina privilegios o desigualdades en el acceso a los factores y recursos productivos”, al contrario los explicitan entre las empresas mineras nacionales y las transnacionales; y, el art. 395, ya que se va en contra a todo lo expresado en lo referente al modelo sustentable y sostenible de desarrollo nacional.

A debatir y concertar democráticamente, todos. No más Dayumas y Molleturos.

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