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Lentitud, desatención a los usuarios del sistema de justicia y demora en el trámite de las causas, son parte de las consecuencias de aprobarse el Código Orgánico de la Función Judicial. O al menos ese es el futuro que pronostica el constitucionalista Antonio Rodríguez, para la administración de justicia.

La preocupación expresada por los gremios de judiciales, fiscales y por los propios titulares de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), José Vicente Troya, y de la Fiscalía, Washington Pesántez, también existe afuera de las entidades en conflicto.

Para Rodríguez, de aprobarse el Código tal y como fue planteado por el ministro de Justicia, Gustavo Jalkh, “no solo que confirmaría la dependencia de la Función Judicial a otros órganos del Estado, especialmente la Función Ejecutiva, sino también que se crearían más trabas en la tramitación de los juicios”.

Rodríguez cree que la normativa necesita de un debate abierto y a la luz pública por las complicaciones que ocasionará a los usuarios del sistema.

Por ejemplo, afirma que el sistema oral empeoró la administración de justicia; “pero, como el señor Jalkh ha sido abogado de escritorio y nunca ha estado en los juzgados, impulsa como ministro de Justicia este (proyecto de) Código sin ninguna experiencia”.

Los abogados de Pichincha también muestran sus reparos al proyecto que, según denunció el comisionado Luis Guamangate (PK), costó 80.000 dólares y fue elaborado por el estudio jurídico Andrade y Asociados, presidido por Santiago Andrade, ex juez de la Corte Suprema del 97.

Según Guamangate, valdría la pena que el ministro Jalkh “remita copia del contrato de prestación de servicios suscrito por estos profesionales, para demostrar que este proyecto ha sido elaborado a la medida de intereses particulares”.

Este es un hecho que también investigará la Fiscalía debido a que, según Pesántez, el Ministerio de Justicia tiene una serie de profesionales que podrían haber realizado esa labor.

Para exponer los peligros que involucra el cuerpo legal, los abogados pidieron a la Comisión de lo Civil y Penal que los reciba en comisión general.

El peligro que ve este gremio en caso de que se apruebe el Código es que “se nos obliga a incorporarnos a un Registro de la Judicatura para que nos sancione”, aseguró Cevallos.

Mientras, Jalkh insiste en que el fiscal seguirá en “capacidad para nombrar conserjes”. Pero Pesántez no lo ve así. Para discutir el tema, el fiscal está dispuesto a reunirse con la persona a la que identifica como autora del proyecto: Santiago Andrade “y no con su caja de resonancia (Jalkh)”. (MCV)

>> Voces

Alfredo Ruiz
Jurisprudencia U. Guayaquil
“Es correcto que se determine la competencia administrativa a favor del Consejo de la Judicatura y significa un avance. El funcionamiento de todos los órganos que componen la Función Judicial debe permitir que en lo administrativo y en lo disciplinario actúe el Consejo de la Judicatura, para que no sean los jueces ni los fiscales, en los más altos niveles, quienes tengan que decidir sobre esos temas, sino que sean procesados en un órgano de carácter administrativo, especializado, que es el Consejo”. (JFVR)

Víctor Hugo Cevallos
Colg. Abogados
“El Código de la Función Judicial termina con la profesión del abogado y con la institucionalidad de la Función Judicial. Entiendo la posición del fiscal Washington Pesántez: si no hay autonomía administrativa y financiera no la hay de ninguna naturaleza. Cómo es posible que este Consejo administre toda la Función. Lo que no se da cuenta el Presidente es que están concentrando poder en una sola institución. ¿Qué pasa si mañana viene un gobierno de ultraderecha con capacidad de poner jueces? Si se da eso, el Presidente va a ser perseguido desde la Judicatura”.

>> DATOS

judiciales preparan Acciones
Los judiciales de Pichincha se reunieron ayer para adoptar medidas frente a la aprobación del Código Orgánico Judicial. Los judiciales no resolvieron una paralización, ni la fecha de la suspensión de la atención al público, decidieron estar presentes el lunes en el “Congresillo”. Una marcha a nivel nacional no se ha descartado.

>> CIFRAS

90% de jueces
es el encargado, porque el Consejo no ha podido llenar las vacantes, afirma el titular del Colegio de Abogados.