Sentado en el escritorio de un plantel del norte de la ciudad, el supervisor de Educación, Rodolfo Pinzón, revisa cada uno de los 403 nombres de los alumnos aprobados de la escuela fiscal Carmen Pita Solís y los compara con los datos de las respectivas partidas de nacimiento y registros iniciales de matrícula.
Errores en los nombres -en el mejor de los casos- o la inclusión de alumnos que realmente no son del plantel -en situaciones peores- obligan a los supervisores a tomar esas precauciones, so pena de ser considerados corresponsables, pues ellos deben avalar las listas.
Pinzón se concentra en su tarea mientras recuerda que lo mismo debe hacer con los alumnos de los 56 establecimientos de la zona norte que tiene asignados; y los 70 del centro de la urbe, que les fueron encargados tras la jubilación del supervisor titular.
En Durán, en la escuela Rómulo Viteri, de la ciudadela Primavera I, la supervisora Adela Pérez cumple una actividad similar. Ella es responsable de 130 planteles del cantón y coordinadora de los de Yaguachi y Baquerizo Moreno (Jujan).
En la antesala del despacho medio centenar de directores de escuelas y jardines de su zona la esperan para que les revise sus respectivos documentos.
La tarea es extensa, sin embargo no es la más conflictiva. La detección de faltas o atrasos injustificados de maestros o directivos, la necesidad de nuevos docentes, las pugnas entre profesores, directivos o padres de familia, las quejas de los alumnos por malos tratos o notas, los malos manejos de fondos de los directivos, los cobros no autorizados a padres y estudiantes, el mal estado de los planteles o la falta de equipos y mobiliario, el funcionamiento ilegal de planteles son algunos de los problemas que deben conocer y ayudar a resolver.
Solo ayudar, porque su rol se reduce a informar a las autoridades provinciales de la situación y plantear soluciones.
Pero mientras la decisión se enreda en procesos burocráticos y tarda en llegar, usualmente estos problemas se agravan y entonces la comunidad acusa al supervisor de no hacer nada.
Así lo explica Pinzón, quien estima que una posible solución sería que los supervisores tuvieran poder de decisión, lo que les permitiría no solo sugerir soluciones, sino aplicarlas.
Además, todo ello distrae a los supervisores de su rol más esencial: la función técnico pedagógica, es decir asesorar a los docentes en el proceso de enseñanza y a los directivos en la administración del plantel.
Para la también supervisora y ex directora provincial de Educación, Inés Guayaquil, el mayor limitante es el reducido número de funcionarios en relación con los planteles y maestros que están bajo su control.
En Guayas, 66 supervisores deben controlar a 4.738 establecimientos educativos fiscales y particulares, y a 41.043 maestros. Deben hacer visitas a cada uno al menos 3 veces por año.
“Por más que queremos, supervisar 80 y a veces 120 planteles es imposible”, expresa.
Para supervisar el área rural, la tarea es más ardua: no tienen viáticos y les asignan un vehículo cada quince días.
Finalmente, el control educativo se reduce también si lo hace un supervisor que no se esfuerza por cumplir su tarea.
Les encargan otras tareas
El director provincial de Educación, Justo Díaz Holguín, es uno de los 66 supervisores de educación del Guayas. Por tanto, en estos días no puede dedicarse a tiempo completo a los planteles de su zona. En otros casos, a estos funcionarios les encargan el rectorado de los colegios que tienen conflictos o los asignan para integrar comisiones.
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Alta Supervisión
Según el informe técnico Aprendo 2007, las actividades de supervisión por parte del Ministerio de Educación son altas (92%) proporcionalmente.
Costa y Sierra
En la Costa, el porcentaje de establecimientos que informaron ser supervisados es el 93%, mientras que en la Sierra el índice es del 91%.
Privados y fiscales
El porcentaje Costa y sierra de planteles urbano particulares que indicó ser supervisado es el 96%; los urbano fiscales llegan al 88%; y los rurales, alcanzan el 93%.
Por provincias
Santo Domingo de los Tsáchilas y Galápagos son las provincias con menor supervisión en los planteles educativos. En cambio, los de Napo y Zamora respondieron en un 100% afirmativamente que son supervisados.
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Lo que está a mi alcance, lo soluciono yo. En lo que no lo está, debo pedir ayuda al supervisor; y luego, a la Dirección Provincial. A veces uno no puede solucionar un problema sola”.
Martha Vaca, directora de escuela fiscal
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Directores provinciales de Educación, entre titulares y encargados, han habido en esta provincia, solo en los últimos diez años.
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Crisis energética
Banca positiva
El costo del delito
Visiones distorsionadas
Tesoros
