Un proyecto de contrataciones de abogados tiene listo la Unidad de Defensoría Pública para cumplir con el mandato del nuevo Código Orgánico de la Función Judicial. De aceptarse la propuesta, los nuevos empleados le costarán al Estado siete millones de dólares en el 2010.
Según el nuevo marco jurídico aprobado por la Asamblea Nacional el 3 de marzo pasado, la Defensoría Pública es un organismo autónomo de la Función Judicial, con autonomía económica, financiera y administrativa.
Entre sus funciones está prestar la defensa penal a las personas que carezcan de abogada o abogado y garantizar la defensa públicaespecializada para las mujeres, niños, niñas y adolescentes, víctimas de violencia, nacionalidades, pueblos, comunidades y comunas indígenas.
El director de la Unidad de Defensoría Pública, Ernesto Pazmiño, cuenta detalles de la propuesta que se presentará al Ministerio de Economía para la asignación de los recursos.
¿Cuántos abogados están trabajando para el Estado?
Yo tengo 165 abogados, entre los 87 que trabajan en centros legales y los 78 contratados directamente por esta Unidad.
¿Van a contratar más?
Es necesario contratar más. Hoy el Código de Procedimiento Penal indica que para toda audiencia, así haya abogado particular, debe haber un defensor público. Y para cumplir con esa exigencia, necesito muchos más abogados. Al menos deberíamos llegar a la mitad del número de fiscales que existen.
¿Cuántos?
Por lo menos, para el año 2010, yo he planteado 110 abogados de planta, para que estén en los juzgados, en los tribunales, asistiendo a las audiencias. El problema es que ya el Código Orgánico de la Función Judicial y la Constitución nos obligan a ampliar nuestra cobertura a la materia de Niñez y Adolescencia y asuntos laborales. A partir de enero vamos a defender gratuitamente a las madres de familia que requieren un abogado para presentar una demanda de alimentos, y a todos los trabajadores que son despedidos, que no les pagan las remuneraciones adecuadas o que tienen problemas legales.
¿Requerirán más dinero?
Necesitamos un presupuesto adicional para eso y para la defensa a favor de los trabajadores.
¿Los 110 abogados se van a alcanzar para todo lo que me dice?
Esos abogados son solo para el área Penal. Para el área Civil y Laboral necesitamos otro grupo de defensores. Nosotros estamos presentándole una propuesta al Ministerio de Finanzas y al Ministro de Justicia, de alrededor de 7 millones de dólares para todo el año 2010, para cubrir todas estas áreas que obligan el Código Orgánico y la Constitución. Es un presupuesto muy bajo si comparamos con los 60 millones de dólares que tiene la Fiscalía. Y la Constitución obliga a que el presupuesto y los recursos humanos sean similares entre Fiscalía y Defensa Pública.
¿En total, cuántos abogados necesita la Defensoría Pública?
Entre materia Penal, Niñez y Adolescencia y Laboral, necesitamos unos 310 abogados.
¿Qué tan factible es que le acepten la propuesta?
Estamos haciendo la propuesta a los ministerios respectivos, pero ya el Presidente de la República, en una de las intervenciones de los sábados, habló de la necesidad de institucionalizar la Defensa Pública porque es un servicio eminentemente social. Nosotros tenemos, en el área de alimento, un estudio de que hay más de 120.000 causas de alimentos que no avanzan por falta de juzgados y de una defensa que impulse los procesos. Se han creado más juzgados de la Niñez y la Adolescencia y es necesario tener abogados para que brinden el patrocinio en estas áreas.
¿Y la infraestructura?
Estamos pidiendo que de los tantos bienes públicos, inmuebles de propiedad del Estado se nos otorgue uno, para funcionamiento de la Defensa Pública. Necesitamos un edificio al menos de unos 2.000 metros de superficie, para realizar un trabajo adecuado con el número de defensores que le he manifestado.
¿Con qué infraestructura cuentan en este momento?
Tenemos una casa prestada del Consep, en Quito, y en Guayaquil tenemos arrendada una oficina y en las provincias hemos tenido que acudir al Consejo de la Judicatura para poder ubicar oficinas en las cortes provinciales de justicia.
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