viernes 3 de septiembre del 2010 | Actualizado 13:39 (GMT -5)

Foto: Archivo / EXPRESO El caso. Según la denuncia de los pobladores, al llover, los desechos tóxicos de la estación Shushufindi Norte, llegaban a esteros y ríos.

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Grabaciones audiovisuales que muestran un presunto intento de soborno de 3’000.000 dólares, entregó ayer la petrolera Chevron Corp a las autoridades ecuatorianas y estadounidenses.

Los vídeos implican a Juan Evangelista Núñez Sanabria, juez de Lago Agrio, jurisdicción en donde se ventila el caso ambiental que enfrenta la empresa en Ecuador, y a personas que se identifican como representantes del Gobierno ecuatoriano y del partido oficialista Alianza PAIS.

Según la carta que envió Thomas Cullen, abogado de Chevron Corp, al fiscal general del Ecuador, Washington Pesántez, las grabaciones las hicieron posibles contratistas de remediación ambiental, sin el conocimiento de la petrolera, entre mayo y junio de este año.

Los vídeos corresponden a cuatro reuniones en las que habrían participado Carlos Patricio García Ortega, coordinador político del Movimiento PAIS; Juan Pablo Novoa Velasco, abogado que, según los denunciantes, representaba al Gobierno ecuatoriano; Aulo Gelio Servio Tulio Ávila Cartagena, abogado cercano al juez Núñez; Pablo Almeida, contratista de remediación ambiental; y Rubén Darío Miranda Martínez, asistente de García.

Quienes grabaron esos encuentros fueron Diego Borja, ecuatoriano que trabajó para Chevron Corp como contratista de logística, y Wayne Hansen, estadounidense que no tendría relación alguna con la petrolera.

Dos de las reuniones se llevaron a cabo en las oficinas de Alianza PAIS en Quito, una en el despacho de Núñez en Lago Agrio, y otra con él en un hotel en Quito, dice el comunicado.

En los vídeos el juez confirma que fallará en contra de Chevron Corp y que las apelaciones de la petrolera serán denegadas. Un supuesto funcionario del partido oficial también dice que unos abogados del Poder Ejecutivo han sido enviados para ayudar al juez a redactar el fallo.
Contratos de remediación

En las reuniones grabadas, Carlos García, quien supuestamente representa al Movimiento PAIS, da a entender que busca $ 3’000.000 en sobornos a cambio de entregar contratos de remediación ambiental a dos empresarios, después de que se emita el veredicto en contra de la petrolera estadounidense.

El mismo participante de las citas asegura que del monto global, un millón de dólares sería para el juez Juan Núñez, un millón adicional para “la Presidencia”, y un millón para los demandantes.
En las grabaciones se menciona también al secretario jurídico de la Presidencia de la República, Alexis Mera, quien, según manifiestan los aparentes representantes del Gobierno, “ha dado instrucciones al juez Núñez sobre cómo canalizar el dinero de la condena”.

También se refieren a un presunto contacto establecido con la hermana del mandatario, Pierina Correa Delgado, cuya voz no aparece en las grabaciones. Tanto ella como Alexis Mera, negaron haber sido partícipes de algún tipo de negociación en el denominado Caso Texaco.

Este proceso legal se ventila desde 1993, cuando colectivos de indígenas de la Amazonia demandaron a la transnacional estadounidense, a la que acusan de haberlos afectado por las operaciones que realizó la empresa entre 1964 y 1990. El juicio fue instaurado contra Texaco que fue adquirida por Chevron Corp en el año 2001.

Los daños son de carácter ambiental y después de 15 años de litigio, tanto en tribunales estadounidenses, como en el Ecuador, el proceso se encuentra en la última etapa de la primera instancia, que debe concluir con el pronunciamiento del juez de Sucumbíos.

Según la última cuantificación de los daños, realizada por los demandantes y que se encuentra en el proceso, la petrolera debería pagar una indemnización de cerca de 27 mil millones de dólares a las comunidades orientales afectadas por los daños ambientales.

Una vez que el juez se pronuncie, lo que estaba previsto para el último trimestre del presente año, aún quedará una última etapa de impugnación, ya anunciada por Chevron, que sería ventilada en la Corte Nacional de Justicia, que tendría la decisión final. (FGC-MAR)

Demandantes dudan del vídeo entregado

El Frente de Defensa de la Amazonia, que patrocina a los demandantes en contra de Chevron Texaco, exhortó a la petrolera que denuncie formalmente el caso de corrupción que supuestamente involucra al juez de la causa. Según un comunicado emitido ayer por el Frente, y tras hacer el llamado a la compañía, recuerda que durante las diligencias en el caso se han esgrimido “argumentos legales y científicos de la demanda contra Chevron en el Ecuador se basa en hechos claros. La evaluación de daños ambientales, ordenada por un juez anterior, determinó que el 100% de los antiguos sitios de Chevron se encuentran contaminados con peligrosos tóxicos. En base a esa evidencia, estimamos que Chevron debe pagar una significativa suma indemnizatoria”. Si bien califica como “seria” la denuncia de Chevron, el Frente pide que se lleve adelante una investigación que determine si las acusaciones que se respaldan con un vídeo, son verdaderas “o es mero producto de una campaña sucia y falsa diseñada y financiada por la compañía”. En el documento, el Frente expone sus dudas, que radican en que fue un ex contratista de la empresa demandada el que hizo las grabaciones, por lo que “parece” haber sido cómplice del intento de soborno. Además, menciona, queda claro que el juez continuamente se resistió al soborno ejecutado por el ex contratista de Chevron. Finalmente, el Frente recuerda “la larga historia de corrupción que ha acompañado a Chevron en sus múltiples intentos de evadir su legal responsabilidad”. (FGC)

Pesántez analiza si se inicia indagación previa

Pasadas las 11:00 de ayer llegó al despacho del fiscal general de la Nación, Washington Pesántez, la carta remitida por Chevron-Texaco. Al fiscal Pesántez le corresponderá resolver si inicia una indagación previa, para investigar la existencia del presunto acto ilícito denunciado por Thomas F. Cullen, abogado de la petrolera estadounidense. Según el Código de Procedimiento Penal una indagación previa puede estar abierta hasta dos años, cuando se trata de delitos sancionados con reclusión. Mientras que en el caso de los delitos penados con prisión, un expediente puede permanecer abierto hasta un año. La Fiscalía dispone de la Unidad de Indagaciones Previas para tramitar las denuncias que llegan hasta este organismo, sobre presuntos ilícitos cometidos en los diferentes sectores. De darse una apertura de indagación previa, la Fiscalía debe llamar a rendir su versión, sin juramento, a las personas que han sido mencionadas, en este caso, en la carta que fue enviada por el abogado de Chevron-Texaco. De las versiones que recepte la Fiscalía se desprenderán nuevos llamados a presentar testimonio, sin juramento, en la Unidad de Indagaciones previas del organismo. En este tipo de casos, la Fiscalía acostumbra nombrar peritos acreditados al organismo para que efectúen el análisis y transcripción del contenido del vídeo denunciado. Luego de ello, sin establecer un plazo, los peritos emitirán un informe que será adjuntado al expediente por indagación previa, para la determinación de la existencia o no de infracción. También el procurador, Diego García, manifestó que “hay que llegar hasta las últimas consecuencias en una investigación”. (MCV)

Datos

El impacto causado Los demandantes aducen que la cantidad de crudo y desechos derramados por Texaco (ahora de Chevron) es 30 veces mayor a la vertida en el desastre del tanquero Exxon Valdez en las costas de Alaska. La jurisdicción Después de más de 10 años en las cortes de Estados Unidos, en donde se decidió que la transnacional Chevron debía someterse a las cortes ecuatorianas, se inició el juicio en mayo de 2003 en Lago Agrio. Los afectados Los demandantes incluyen colonos y 5 nacionalidades indígenas, Siona, Secoya, Cofán, Huaorani y Kichwa del Oriente divididas en 80 comunidades que suman más de 30.000 afectados.

Los puntos

1. Declaratoria de culpabilidad La petrolera señala que, según las grabaciones, el juez dijo que va a declarar culpable a Chevron Corp. La demanda asciende a 27 mil millones de dólares y “él va a resolver si aumenta o reduce ese monto”. 2. El dictamen en uno o dos meses Indican que parte de la indemnización por daños y perjuicios se pagará al Gobierno ecuatoriano. La sentencia se dictaría en octubre o noviembre de 2009, dice el abogado de Chevron. 3. Apelación será una formalidad Asegura también que, según los vídeos, el proceso de apelación ante la sala en pleno de la Corte Provincial será una formalidad. Y que el Gobierno de EE.UU. le dirá a Chevron: Perdiste el juicio, paga.