Una de las tres partes del contrato de construcción del cuarto puente sobre el río Babahoyo, que une a Durán con La Puntilla, tiene indicios de responsabilidad penal por parte de la Contraloría del Estado. Se trata del contrato de fiscalización de la obra.
Las otras dos, la etapa precontractual y la relativa a la construcción misma, que incluyen los atrasos en el levantamiento del viaducto de 1.975 metros de largo, seguirán el mismo proceso, toda vez que el 21 de julio de este año la entidad de control en su informe final encontró atrasos en la obra de acuerdo con el cronograma y en otros rubros de gastos.
La Contraloría General del Estado aprobó el día 3 de julio de 2009, el memorándum 866 DIAPA, emitido por el Director de Auditoría de Proyectos y Ambiental, Germán Lynch López, del mismo día, en el que se establecen indicios de responsabilidad penal en el Proceso Precontractual de la Fiscalización, como parte del examen especial de ingeniería practicado a la construcción del cuarto puente a cargo de la compañía Guangxi Road & Bridge Engineering Corporation.
De este se desprenden hechos que hacen presumir el cometimiento del delito tipificado en el tercer artículo innumerado agregado a continuación del artículo 257 del Código Penal. El período del examen comprende del 5 de enero al 31 de diciembre de 2008.
Estos indicios de responsabilidad penal obligaron a la Contraloría, en cumplimiento de los artículos 65 y 67 de la Ley Orgánica de este ente, a emitir el informe y enviarlo, una vez que fue aprobado, a la Fiscalía General del Estado, quien en los próximos días iniciará el proceso penal en contra de quienes firmaron el contrato y de quienes lo asesoraron.
La orden de trabajo fue emitida el día 13 de noviembre de 2008, mediante Oficio No. 28561-DIAPA.
Según el dictamen de la Contraloría, faltó equidad en el criterio de calificación de las respectivas ofertas.
Los indicios de responsabilidad penal pesan sobre unos 14 funcionarios del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, entre los que se menciona en el escrito a Fernando Angulo Rodríguez, miembro de la Comisión Técnica de Consultoría; Milton Balseca Granja, de igual comisión; así como a Walter Vallejo Rodríguez; Santon Viteri Pavón, Angelina Veloz Bonilla y Silvana Hernández Aguilar; los últimos son de la subcomisión de apoyo técnico.
Los involucrados
En el informe, aunque no se declaran aún indicios de responsabilidad penal, pero que están mencionados como los funcionarios intervinientes en el proceso precontractual, se encuentra el ex ministro Jorge Marún Rodríguez, así como subsecretarios.
La fiscalizadora de la obra, la Asociación SYN-BAB/Consulsísmica-Nylic, representada por Ottón Lara Montiel negó la prórroga del plazo contractual, solicitada por la contratista Guangxi, mediante oficio MTOP/FIS/BAB/ 09/290 del 4 de mayo de 2009.
Se adujo que la contratista no ha cumplido con la presentación dentro de los 15 días de la comunicación de que los terrenos en el sector de Durán se encontraban disponibles para la ejecución de los trabajos y en vista de que no disponía de los equipos requeridos para la construcción del proyecto, de acuerdo con el cronograma de trabajo y con la reprogramación de los mismos.
El Ministerio de Obras Públicas no concedió la prórroga en ese entonces pero, con la llegada del ministro actual, Xavier Casal y del subsecretario de Obras Públicas, Enrique del Hierro, y contrariando la opinión del fiscalizador, Ottón Lara, concede una prórroga de 165 días, aduciendo precisamente lo contrario a la fiscalización, que las causas que originaron retrasos en la ejecución de la obra surgieron por demoras en la entrega de terrenos en los cantones Samborondón y Durán.
El Ministerio de Transporte y Obras Públicas no consideró el atraso en que se encuentran las obras, en las que solamente en el hincado de pilotes en agua tienen, según análisis hasta el 14 de agosto de 2009, el atraso es del 64%; y, en los demás rubros como zapatas en agua, pilares del puente, fabricación de las vigas cajón y el izado de las dovelas o segmentos de puente tienen un atraso del 100%, a excepción de ciertos pilotes hincados en tierra, en los que tiene el 29% de atraso.
El presidente de la República, Rafael Correa Delgado, que, de acuerdo con sus declaraciones, es el encargado de conceder las prórrogas del plazo en todos los contratos que involucren al sector público, aún no se ha pronunciado al respecto de la prórroga dada inicialmente por Casal.
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