jueves 18 de marzo del 2010 | Actualizado 13:39 (GMT -5)

Foto: Gerardo Menoscal / EXPRESO Audiencia. En la tarde, el juez Marfetán (sentado) resolvió la situación de detenidos, sin la presencia de algún fiscal. Foto: Pamela Vera / EXPRESO Defensa. Xavier Arosemena, presidente del CJ, defendió la posición de los jueces.

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A las 10:00 de ayer, el fiscal Julio Vacacela esperaba sentado en la sala de audiencias de delitos flagrantes, instalada en la Policía Judicial, al juez de turno.

A esa misma hora, Johann Marfetán, encargado del juzgado segundo de Garantías Penales, aguardaba también sentado en la sala recientemente inaugurada en los bajos de la Corte Provincial de Guayas, la presencia del fiscal de turno para resolver la situación de 16 personas detenidas durante las últimas 24 horas, de quienes solo sabía mediante los diez partes de aprehensión que le había entregado un delegado de la Fiscalía.

“Estamos aquí esperando a que lleguen los jueces, será entonces cuando se den las audiencias”, decía el fiscal Pedro Ortega, coordinador en la PJ. A pocos metros, Marcia Banchón lloraba porque su hijo ya tenía dos días encerrado y sin haber sido juzgado.

“No es posible, él es inocente y no es justo que por unas peleas el que se vea perjudicado sea mi muchacho”, reclamaba la madre desesperada.

Y mientras los fiscales se alentaban con un “ni un paso atrás” en la decisión de no acudir a la sala de flagrancia de la Corte, los 17 detenidos que hasta ayer estaban en los calabozos de la PJ se esperanzaban en obtener la libertad, amparados en la Constitución.

Así transcurrió hasta el mediodía y en ninguna de las edificaciones se instaló una audiencia de formulación de cargos a los aprehendidos en delito flagrante, lo que originó la protesta de los abogados.

“Hemos acudido ante el juez de Garantías Penales a fin de que en función de ese cargo proceda a dar cumplimiento con lo que dice la norma constitucional contenida en el artículo 77 numeral 1, en que determina que ningún ciudadano ecuatoriano puede estar privado de su libertad pasada las 24 horas sin fórmula de juicio”, decía el abogado Raúl Llerena, quien defendía a dos personas.

El profesional junto con otros colegas que patrocinaban a detenidos analizaba la presentación de un recurso de hábeas corpus colectivo para lograr la libertad de ellos.

“Uno de mis defendidos es una víctima de un asalto y la Policía en vez de protegerlo lo mete preso”, comentaba el profesional al recalcar que es en estos estamentos donde a cada instante se violentan los derechos ciudadanos.

El juez Oswaldo Sierra, presidente de la Cámara de Jueces Constitucionales, acudió al sitio para conocer la situación. En tono conciliador manifestó que nunca ha ocurrido ningún enfrentamiento con la Fiscalía, y lo que ha existido es una descoordinación en cuanto a los horarios y las audiencias en la sala de la Corte.

“En ningún momento he visto que los fiscales se han negado a venir”, manifestó al justificar la inasistencia de los agentes públicos al lugar, por cuanto la nómina de los detenidos garantizaba la presencia de ellos, lo que no ocurrió.

Pasada las 14:00, un piquete de agentes de la Policía Judicial presentó ante el juez Marfetán a doce personas que se encontraban detenidas desde el pasado domingo.

Tras revisar el parte, el judicial procedió a ordenar la libertad, entre ellos, un ciudadano de nacionalidad china y dos mujeres que habían sido apresadas por delito de droga.

“Muy aparte de posiciones personales hay que ver el sentir humano y cumplir con la Constitución y la ley”, dijo el juez horas antes de resolver la situación de los detenidos. (PVC-JDT)

Objeciones a traslado

Las salas de audiencia instaladas en la Policía Judicial, en donde se formulan cargos en contra de las personas detenidas en delitos flagrantes, son estratégicas, según el fiscal Washington Pesántez. Involucran la presencia de jueces, fiscales, policías, defensores públicos, testigos, detenidos, médicos legales, médicos legistas, que en total suman alrededor de 20 personas. Por ello, según el funcionario, “lo lógico es que se traslade una y no 20 personas”. Se refiere a la idea de que todos los involucrados en los casos por delitos flagrantes se dirijan hacia donde los jueces. El fiscal pidió a los judiciales dialogar, ver por los intereses de la ciudadanía y no “ser infantiles”. (MCV)

Reacción

Presidente del CJ sale en defensa de judiciales El presidente del Consejo de la Judicatura, Xavier Arosemena, defendió ayer la posición de los jueces de Guayas y aclaró las funciones que tienen ellos, amparadas en el Código Orgánico de la Función Judicial. “Es al juez al que le compete conocer todo lo que ocurre y disponer, todos los demás se someten a él, si se les ha faltado a los jueces esta es la reacción lógica... la ciudadanía en definitiva es la perjudicada”, indicó al hacer un llamado a la cordura para que cesen los ataques entre instituciones. En un monólogo, el funcionario se refirió también a las críticas que en las últimas semanas ha realizado el ministro fiscal General, Washington Pesántez. “Nosotros juzgamos la conducta de los jueces (para ver cómo manejó el proceso) y esto lo sabe quien hace el escándalo... más no para decidir si lo que él sentenció es correcto a incorrecto, eso a nosotros no nos compete”, dijo al referirse a los ministros de la Corte Nacional de Justicia. Según el funcionario, de 1.814 audiencias fallidas (de enero a mayo de 2009) 1.049 fueron por culpa de la Fiscalía. En la tarde, los jueces, fiscales y policías se reunieron en el Ministerio del Litoral con representantes del Ministerio de Justicia para encontrar una solución al conflicto. (PVC)

Datos

Consejo lleva 434 causas El representante del Consejo de la Judicatura reveló que desde enero 1 al 3 diciembre de 2008 han trabajado en 1.200 causas contra servidores judiciales. En lo que va del año, hay 434 causas dentro de las cuales ya existen destituidos.