El fiscal Washington Pesántez pidió ayer al Legislativo y al presidente, Rafael Correa, reestructurar la administración de Justicia.
“Hago un llamado a los poderes del Estado -invocó Pesántez- para que en el menor tiempo posible reestructure esta colapsada administración de justicia Penal. No podemos seguir callados ante la acción de los jueces”. Con ese pedido, el enfrentamiento entre Fiscalía y la Corte Nacional de Justicia (CNJ), por la absolución de Jorge Reyes Torres, sentenciado a 25 años de reclusión por delitos de narcotráfico, se agravó aún más. La Corte en cambio le sacó “tarjeta amarilla” por una actuación inadecuada contra la entidad.
El Fiscal general criticó a Luis Abarca, por su anuncio de demandar al Estado y enfatizó que “si tuvieran algo de vergüenza deberían irse”.
Tras hacer un nuevo llamado al Consejo de la Judicatura (CJ) para que investigue al mencionado judicial, a Máximo Ortega y al conjuez Edwin Salazar, Pesántez ratificó que pedirá medidas cautelares en su contra.
Asimismo, insistió en que si los jueces no permiten que la CJ los investigue, deberían autodepurarse “por sanidad del país, Abarca y compañía no deben estar ahí”, recalcó. Pero no se limitó a pedir la salida, sino que comparó a los actuales jueces con la denominada Pichicorte y dijo que ni siquiera esa instancia “tuvo jueces tan mediocres como los que hoy están en la mayoría de las salas”.
El Pleno de la Corte no se quedó callado frente a las acusaciones. Mediante un comunicado oficializado por el presidente José Vicente Troya, los jueces salieron en defensa de sus compañeros.
Con 15 de los 21 jueces, se insistió en que las reiteradas declaraciones del fiscal buscan desprestigiar a la Función Judicial y a sus integrantes.
Libertad para acciones
Caras largas evidenciaron los jueces durante la lectura de la defensa institucional. En el quinto punto del comunicado, el Pleno dejó en libertad a los jueces que consideren lesionada su independencia jurisdiccional y sus derechos constitucionales como ciudadanos, para que impulsen las acciones civiles o penales de las que se crean asistidos.
Según funcionarios de la CNJ, presentes en la sala de sesiones, la declaración de Troya fue interrumpida por Alfonso Ortiz, representante de Cedhus, la organización que en su momento defendió la inocencia del ex presidente Abdalá Bucaram y la probidad de la Pichicorte.
Paralelamente, Víctor Castillo Villalonga, ex vocal del CJ, pidió en la Fiscalía que se investigue a Abarca, Ortega y Rodrigo Serrano por supuesta usurpación de funciones. (MCV)
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Jueces de Guayas rechazan ataques
Los últimos acontecimientos ocurridos en contra de funcionarios judiciales motivó en la mañana de ayer una reunión urgente entre los integrantes de la Cámara de Jueces de la Corte Provincial de Guayas.
Tras el análisis de la situación, el organismo resolvió realizar un pronunciamiento público en defensa de la institucionalidad, rechazando todo ataque, ofensa e injerencia extraña y externa a la Función Judicial y a fallos judiciales.
“Es evidente que se quiere desprestigiar a la Función Judicial; con qué fines, no lo conozco, pero lo importante es rescatar que todos los funcionarios judiciales y los jueces especialmente basan sus resoluciones en la Constitución y en la ley”, manifestó el presidente de la Cámara, Oswaldo Sierra.
Agregó que está dispuesto a dar cuentas ante toda autoridad y en la instancia que se lo lleve, refiriéndose a la solicitud que hizo el ministro de Justicia, Néstor Arbito, al Consejo de la Judicatura para que se investigue la sustitución de medidas cautelares que se hizo en el caso Quezada. El mismo pedido se realizó por el cambio de delito a los detenidos por los robos en Ceibos Norte. El juez Aquiles Dávila señaló que no ha sido notificado.
“Es penoso observar cómo estas instituciones se están mutuamente atacando... estamos dando un ejemplo funesto al pueblo ecuatoriano y al mundo entero”, comentó Gabriel Noboa, presidente del quinto tribunal Penal. (PVC) |
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“¡No saldrán de Manta!”, dijo ayer enfáticamente el coronel Lenín Bolaños, comandante del Grupo de Intervención y Rescate (GIR), al mencionar que buscan alternativas para evitar que el grupo élite salga del puerto manabita, tras entregar la mansión que ocupa, de propiedad de José Salazar, implicado en el caso Tormenta del Pacífico.
Según el oficial, anualmente el GIR realiza unas 4.000 operaciones en Manta para contrarrestar las actividades delictivas. La Cámara de Comercio, a través de su presidenta Lucía Fernández, manifestó que el Ministerio de Gobierno debe velar también por una ciudad que posee muchas bondades para los negocios. El alcalde de Manta, Jorge Zambrano, señaló que pedirán buscar alternativas para evitar la salida del grupo especial. (DPC) |
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