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El exceso en SOAT debe devolverse
El Gobierno planificó una estrategia para evitar posibles cobros excesivos en el seguro Redacción Quito
Dicha cifra no se compadece con los datos reales del 2008, año en el que el pago de compensaciones por siniestros fue de apenas 7.8 millones. A ello se agrega que el Ministerio de Salud Pública denunció, en abril pasado, que de los 7.471 siniestros que se atendieron en hospitales públicos, el SOAT únicamente pagó el 44% de ellos y hasta la fecha mantiene una deuda del 56% restante, una suma aproximada a los 1,5 millones de dólares. El vicepresidente de la Comisión Legislativa, César Rodríguez, fue el primero en cuestionar el sistema y advirtió que las 16 aseguradoras contrataron reaseguradoras y cedieron 38.4 millones de las primas. Dicha transacción les habría permitido captar importantes comisiones. Ante estas preocupaciones, el fiscal Washington Pesántez solicitó a los partícipes que se reduzca el costo de las primas, mientras que las quejas de los usuarios de centros de salud privados, que se negaban a prestar servicios a los afectados, y de las propias clínicas, que aducían falta de pago por parte de las aseguradoras, motivaron la preocupación del presidente Rafael Correa. Y fue el mismo Mandatario quien tomó contacto con Pesántez para que él intente consolidar el sistema y trate de que este maneje cifras reales. Por eso, el primer paso fue la reunión que mantuvo con representantes de las aseguradoras, choferes, Consejo Nacional de Tránsito (CNT), delegados de clínicas privadas y miembros de la Superintendencia de Bancos (SB), a quienes denunció los pagos excesivos. Por eso, su propuesta fue que el siguiente pago del seguro obligatorio no se realice en el 2010 sino en el 2011, con una rebaja del 63% del costo. Aunque no quiere endosar responsabilidades a la Superintendencia de Bancos y al Ministerio de Salud, que son los encargados de controlar el tema, el fiscal está consciente de que se han producido omisiones. Una de ellas tiene que ver con el incumplimiento del compromiso de realizar análisis y evaluación del funcionamiento del seguro y la presentación de las recomendaciones al término del 2008. Al respecto la Fiscalía sospecha que existen excedentes del 2008 que las aseguradoras no hacen aparecer en las cuentas remitidas a la Superintendencia y que aparecen como gastos administrativos. Uno de los ejemplos es que en las cifras globales no aparecen las multas que se cobran a los usuarios que no renuevan a tiempo el seguro. En tres semanas habrá una propuesta de reglamento que se pondrá a consideración del presidente Correa. Hasta tanto, en la Fiscalía existe una indagación previa para determinar presuntas irregularidades en el caso. Más allá de ir en contra de alguien lo que se persigue es que se devuelva el dinero cobrado en exceso, señala el fiscal y asegura que “habrá que ver si la negligencia se encuadra en alguna clase de delito”. A la acción de la Fiscalía y la Comisión Legislativa se suma la gestión que realiza el ministro de Gobierno, Gustavo Jalkh, a quien el presidente le encargó que realice una investigación sobre el tema, lo que estaría lista en los próximos días. En medio de esta situación, el director de Justicia Vial, Guillermo Abad, aclaró ayer que el pago de las primas no está derogado para este año. (MCV)
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