jueves 18 de marzo del 2010 | Actualizado 13:39 (GMT -5)

Fotos: Henry Lapo / EXPRESO Paralización. Ayer, la atención a los usuarios de los tribunales penales de Pichincha se suspendió como señal de protesta por el ataque sufrido por el juez Esneider Gómez. Fotos: Henry Lapo / EXPRESO Pedido. Los jueces, secretarias, asistentes y otros funcionarios reclamaron al Consejo de la Judicatura más seguridad para realizar su trabajo.

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Sneider Gómez, miembro del segundo Tribunal Penal de Pichincha, sufrió un intento de secuestro pasadas las 23:00 de anteayer, mientras se desplazaba por Carapungo, en el norte de Quito.

El hecho fue denunciado por el mismo Gómez, cuya sala sentenció a Caranqui a 20 años de reclusión mayor extraordinaria por tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en el caso “Madera”.

Según la versión de Gómez, en este populoso sector fue abordado por, al menos, cinco personas. A varias de ellas les atribuyó acento colombiano. Gómez relató que fue golpeado y maniatado, y luego abandonado en el sector de la Embajada de Estados Unidos, en el norte de la capital.

Los judiciales acusan del hecho a Óscar Caranqui. Las señales de lo que le esperaba a su compañero, según ellos, se vieron desde la tarde del miércoles pasado, cuando -dijeron- una mujer buscaba información sobre un caso relacionado con un cuñado de Caranqui. Entre las varias cosas que ella mencionó, se recuerda que se refería a “Óscar”. Por eso piensan que se trata de Caranqui.

Esta no es la primera ocasión que a Caranqui, quien se encuentra recluido en el pabellón A, de máxima seguridad del ex penal García Moreno, se lo acusa por una tentativa de asesinato.

Policías que lo investigaron, fiscales, jueces y hasta testigos denunciaron al imbabureño como autor de una serie de amenazas a través de terceras personas. Como consecuencia, varios de ellos como el juez decimoquinto de lo Penal de Pichincha, Freddy San Martín, mantienen custodia policial para su protección.

Otra de las víctimas por el caso Caranqui es la fiscal de Otavalo, Dora Mosquera.

A la funcionaria, además de amenazarla, le incendiaron el vehículo que no estaba asegurado y cuyo valor nunca recuperó. Mosquera también se mantiene con custodia policial.

Ayer, la preocupación se apoderó de los 32 judiciales que laboran en los tribunales penales. Para exteriorizar su protesta y exigir más seguridad, se tomaron las instalaciones del edificio ubicado en la calle Ramírez Dávalos y avenida 10 de Agosto.

Según Gladys Terán, presidenta del tercer Tribunal Penal, para la vigilancia del lugar se necesita de, al menos, un policía por cada uno de los cinco pisos. “Los tribunales penales somos la última rueda del coche y aquí es donde se sentencia y se condena”, señaló otro de los jueces, quien pidió la reserva de su nombre.

Para Terán, la seguridad no debe ser solo interna sino también externa, para precautelar la vida de los administradores de justicia.

Este incidente evocó en la mente de los funcionarios la muerte de su ex compañera Blanca Cando, acaecido en las afueras de la Corte de Justicia de Pichincha. Por ello reaccionaron indignados varios de ellos, debido a lo que calificaron de falta de respuesta por parte de las autoridades del Consejo de la Judicatura (CJ).

Terán insistió en que, desde hace mucho tiempo, han requerido a las autoridades el incremento del número de tribunales, así como efectivos policiales para custodiar el lugar.

El delegado del CJ, Marco Rodas, buscó ayuda en la Comandancia de la Policía, mientras el fiscal Washington Pesántez dispuso abrir un expediente para investigar el caso.

Orlando Franco se encargará de la pesquisa denunciada por el propio afectado. Las versiones apuntan a que, además de ser golpeado, también fue drogado y obligado a formar parte de una filmación. (MCV)

Datos

Advertencia a la corte provincial Según la denuncia presentada en la Fiscalía, Gómez dice haber sido drogado y filmado desnudo junto a una trabajadora sexual. El ataque lo ve como una advertencia para los jueces de la Corte de Pichincha que tienen en sus manos el trámite de la apelación a la sentencia dictada en contra de Óscar Caranqui, por el segundo Tribunal Penal.