La puesta en marcha del Código Orgánico de la Función Judicial es incierta. El Consejo de la Judicatura (CJ) no cuenta con los recursos suficientes para poder implementar la infraestructura que requiere la aplicación del nuevo cuerpo legal en las cortes provinciales.
“Nosotros estamos preocupados desde que conocimos el proyecto de ley y trabajamos en los diferentes estamentos para hacer las posibles modificaciones que se pudieran hacer”, indicó Xavier Arosemena, presidente del CJ.
El funcionario se reunió ayer en Guayaquil con el Pleno de la Judicatura para dar a conocer a los jueces de la Corte Provincial de Guayas las últimas resoluciones.
Según Arosemena, la Judicatura tuvo un presupuesto de 146 millones de dólares durante el 2008, mientras que en este año se asignarán solo 126 millones (13,69% menos).
Añadió que ha hecho llegar la propuesta a la Ministra de Finanzas para que conozca las inquietudes que existen y saber qué perspectivas o con qué flujo de dinero cuentan para llenar las vacantes y crear las judicaturas necesarias.
Y es que la falta de recursos agrava la creación de los juzgados de la Familia (actualmente de la Niñez), a los que el Código Orgánico amplió la competencia para que también conozcan juicios del área Civil.
“El problema es grave junto con otros problemas que los hemos estado tratando con el presidente y jueces de la Corte de Guayaquil”, dijo Arosemena, aunque no se atrevió a indicar qué tiempo les tomará resolver esa situación, pero reconoció las fallas que tiene el nuevo cuerpo legal.
No obstante, aseguró que se han adoptado resoluciones que permitirán una mejor aplicación del Código. Una de ellas, serán los nombramientos ocasionales y provisionales. Actualmente, existen 700 servidores judiciales con contrato.
Los cambios en los juzgados de la Niñez, que son los más saturados, se darán paulatinamente con la creación de 40 despachos, según anunció.
Así también, señala que se ha dispuesto la creación de 20 tribunales penales, con lo que se descongestionarían los existentes, especialmente en Guayaquil, donde existe la preocupación por el anuncio del Presidente de la República de declarar al Ecuador un país con presos sin sentencia, el próximo 10 de agosto.
“En la medida que se nos puedan facilitar los fondos podremos ir creando las judicaturas necesarias. Si los jueces no tienen las condiciones necesarias se les podrá poner todos los plazos del mundo, pero lo imposible no lo podrán cumplir”, puntualizó. (PVC)
|
Consejo seguirá con proceso sancionador Las funciones de transición que tiene actualmente el Consejo de la Judicatura no limitan su poder administrativo.
Al menos así lo señaló ayer el pleno de la entidad al aclarar que, si bien, no pueden dictar reglamentos, la Constitución de la República y una sentencia dictada por la Corte Constitucional sí les permite dictar resoluciones.
Por ello, según Xavier Arosemena, aunque el nuevo Código Orgánico derogó el reglamento de quejas (procedimiento para la presentación y trámite de una queja) se ha dictado una resolución con un nuevo procedimiento.
Otro de los procesos que continúa son los concursos internos para llenar vacantes en la Función Judicial, en los que participan judiciales con nombramiento que buscan ascender.
Respecto a los contratados (que actualmente llegan a 700 personas), el pleno resolvió llegar al mínimo de ellos.
“Se busca que todos tengan su estabilidad como lo dispone la Constitución y los contratos solo serán ocasionales, esto se dispuso que se lo firme de enero a marzo para poder hacer una evaluación. Los contratos serán renovados, salvo aquellos pocos que por alguna razón ya no se precise, que serían muy pocos”, dijo el funcionario.
El pleno enfatiza que lo que no quieren es que se interrumpa la administración de justicia ni el manejo de la Función Judicial.
Aún cuando hay limitaciones económicas son muy graves, señaló Arosemena, saben que el Gobierno Nacional está consciente y esperan que en la medida de las posibilidades les brinden las facilidades para poder cumplir. (PVC)
|
Créditos estatales
Seguridad ciudadana
Regata Guayaquil - Posorja
Juego para armar: Caso Ostaiza
Crisis energética
Banca positiva
El costo del delito
Emergencia carcelaria
Ley del Agua
La península, 2 años después
Guayaquil industrial
Barcelona por dentro
