Hasta el presidente de la República, Rafael Correa, tuvo que rendirse ante la evidencia: la Superintendencia de Bancos no podrá liquidar las entidades que tiene a su cargo hasta el 30 de junio.
La primera explicación de la superintendenta de Bancos, Gloria Sabando, es que en el proceso de cierre no están involucrados solo los 10 bancos más grandes que quebraron en la crisis de 1999 sino que son 35 entre cooperativas, financieras, mutualistas y bancos.
Pero la segunda es la más obvia: en el Ecuador la liquidación de una entidad puede tardar, fácilmente, 15 ó 20 años.
Sabando lo reconoce después de haber logrado cerrar cinco entidades durante su gestión. Así, cerrar la Financiera Principal le tomó a las autoridades 11 años, 11 meses; la Financiera Uno requirió algo menos de tiempo: 10 años, 11 meses; casi como la Almacenera Almacao que se cerró tras 10 años, seis meses. Las otras instituciones fueron la Financiera Ecuafactor (en siete años, cuatro meses) y el Fondo de Garantía Ecuador (en siete años, un mes).
Ahora, en las 35 entidades que están bajo el control de la ‘Super’, Sabando asegura que hay un avance del 85% en el proceso de cierre, aunque se prevé que solo 25 estén liquidadas hasta el 30 de junio.
Por fuera quedará la Sociedad Financiera Confianza, Mutualista Benalcázar, Banco Unión, Filanbanco, Progreso, Préstamos, Finagro y el Banco de Descuentos. En el mejor de los casos, estas instituciones desaparecerán en diciembre.
En estos casos pesará el cruce de cuentas -que todavía está en proceso- con la Agencia de Garantía de Depósitos; la resolución de todos los procesos legales e incluso la separación de tres funcionarios: Raquel Endara, intendenta nacional jurídica; Patricio Játiva, director nacional de Entidades en Liquidación, y César Atapuma, Liquidador de Fimasa. (IGF)
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La crisis bancaria de 1998 no solo dejó muchas cuentas pendientes por cobrar sino un cúmulo de juicios en la Superintendencia de Bancos. En total, según los datos de la entidad, al momento existen 7.064 juicios coactivos por un monto de 2.527,9 millones de dólares.
De ellos, tres bancos cerrados concentran la mayor cantidad de procesos legales pues el 44% son juicios del Progreso, el 18% corresponde al Filanbanco y el 17% al banco de Préstamos. El restante 21% está en las otras entidades.
Pero hay una parte que le preocupa más a las autoridades de la Superintendencia: los 267 juicios de excepción que los accionistas de los bancos cerrados interpusieron. El problema es que si esos procesos no se resuelven este año, la liquidación de los bancos podría sufrir un nuevo retraso. (IGF)
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Entidades todavía le deben al Estado
En las cuentas de diez bancos cerrados todavía hay una deuda pendiente de pago por 342,9 millones de dólares. “Son los pasivos garantizados transferidos por los bancos a la AGD y que no han podido ser cubiertos por las entidades en liquidación”, explicó Gloria Sabando.
De ese monto, cerca del 77% de los pasivos le pertenecen al banco del Progreso, 264,2 millones; le sigue Préstamos con 76,3 millones y Solbanco con 1,1 millones.
Lo más complicado es que la deuda de los bancos es con entidades estatales: con la Corporación Financiera Nacional (CFN) tiene una deuda de 208,5 millones; con BCE la deuda es de 12 millones; con el Ministerio de Finanzas, 32 millones, y entre bancos hay una deuda de 329.000 dólares.
“Hay que cobrárselos a los ex accionistas. La AGD tiene la capacidad de incautar activos y nosotros podemos entrar en administración de los bienes”, dijo. Para hacer esto falta un pronunciamiento de la AGD sobre las cifras definitivas de las acreencias. (IGF)
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