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El agua, recurso en medio de crítica situación
Estado. La contaminación es uno de los grandes problemas, pues el setenta por ciento de los ríos está infectado; pero también hay inconvenientes jurídicos y económicos Redacción Quito
El agua es el recurso fundamental para la vida, nadie lo duda, pero también es fuente de desarrollo, de producción y sociedad. Y es cultura en la que se conjugan derechos, deberes, símbolos y usanzas. Por todo esto, el agua también es una compleja problemática que requiere de políticas y adecuado manejo.
Actualmente, en Ecuador existen 57.000 concesiones de agua, de las cuales el 62% está destinado al uso agropecuario y de agroexportación.
De los caudales concesionados, el 72% está destinado a la hidroelectricidad y el 20% para riego.
Números que contrastan con los de uso del suelo, que hablan de que en el Ecuador existen 3,1 millones de hectáreas aptas para el cultivo, de las cuales, 2,1 millones no cuentan con riego.
A esta situación se suman los 44.000 trámites pendientes, que aumentan la conflictividad sobre el agua. La mayoría de estos trámites corresponde a pequeños usuarios que requieren de concesiones, renovaciones de sentencias, reformas de sentencias, transferencias y denuncias.
La situación tiene varias razones, pero obedece, sobre todo a que la estructura sobre el uso del agua es un caos. En el país existen 48.000 juntas de riego y unas 12.000 juntas administradoras de agua potable, que realizan su actividad sin tener reglas claras.
Como si fuera poco, los usuarios del agua no cumplen con sus obligaciones. Hasta diciembre de 2008 se contabilizó una deuda de 35 millones de dólares por derechos de usos del agua no pagados.
Hasta aquí la situación actual y las consecuencias de un inadecuado manejo administrativo del recurso.
Pero ahora la preocupación se centra en el futuro.
Según la Secretaría Nacional del Agua (Senagua), un 70% de los ríos tiene contaminación con cargas orgánicas, sustancias tóxicas, microorganismos patógenos y derrames de hidrocarburos.
Francisco Sánchez, subsecretario de Protección Ambiental del Ministerio de Petróleos, sostiene que los derrames de crudo han causado serios impactos en la calidad del agua, el recurso paisajístico de los ríos y la vida acuática.
El ejemplo más reciente es el derrame de crudo del OCP, en Santa Rosa de El Chaco, donde se derramaron 14.000 barriles y solo se recuperaron 4.000. El crudo llegó hasta El Coca y afectó los ríos que abastecen de agua a la población.
De acuerdo a los estudios con los que cuenta la Secretaría, se registra una disminución de los caudales superficiales y sobre explotación de acuíferos. En los últimos 50 años ha disminuido un 33% de los glaciares y se ha reducido el 25% de superficie de páramos, que son reguladores de los caudales de agua.
Para Guillaume Fontaine, especialista en recursos hídricos, la situación obliga a generar conciencia sobre la importancia del agua.
Detalla que la industria minera y la minería artesanal deben garantizar los cauces y el estado original de las aguas, pues la explotación de minerales ha demostrado ser una de las más contaminantes.
Según la Secretaría, una de las principales consecuencias de la contaminación es el exceso de lluvias. Los cantones que corren serios riesgos son Salitre, Durán, Daule, Baquerizo Moreno, Yaguachi y Nobol, en Guayas. Machala y El Guabo, en El Oro. Taisha, en Morona Santiago, y Quinsaloma, en la provincia de Los Ríos.
Además, el agua provoca riesgos de deslizamientos por humedad y lluvias en Quito, Esmeraldas, Pujilí, Guaranda, Echeandía, Chimbo, San Miguel, Chillanes, Chunchi, Alausí, Baños, Ambato, Pelileo, Riobamba, Penipe, Paute, Cuenca e incluso en Guayaquil. (MAB)
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Problemas en la costa
Los estudios de Senagua determinan que en la Costa el agua está contaminada por el uso de pesticidas en la agroindustria, y hay contaminación por la actividad minera. Además, existe un uso ilegal y acaparamiento del agua y hay pérdida de caudales por deterioro ambiental causado por el mal uso del recurso hídrico.
No cumple con normas
En la actualidad, un 50% de la población no tiene acceso a agua entubada ni alcantarillado en su hogar. Además, un 52% del agua potable que se distribuye en el país no cumple con las normas INEN para este sector, lo cual no garantiza su inocuidad para la salud de las personas, según los estudios sobre prestación de servicios públicos.
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Indígenas exigen proteger el recurso
La nueva Ley de Aguas será clave para cuidar el recurso. Salvador Quishpe, dirigente indígena, asegura que lucharán para proteger los usos, aprovechamiento y conservación del agua y sus ciclos naturales.
Los indígenas creen que se debe proteger los cauces naturales del agua para que no sean alterados por la explotación minera. Proponen una regulación técnica y social, así como una distribución equitativa del agua.
La Conaie sostiene que hay que promover la gestión integral del agua dentro del concepto de función social, cultural y ecológica, sin perjuicio de los derechos colectivos y consuetudinarios de las comunidades, pueblos, nacionalidades indígenas y campesinos.
Si no se acogen sus propuestas, los indígenas anuncian marchas y levantamientos, porque del agua dependen la vida, el ambiente y el futuro del país. (MAB)
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Es un derecho fundamental
El artículo 12 de la Constitución determina que el “derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible y esencial para la vida”.
Estado es el responsable directo
El artículo 318 de la Carta Magna establece que “el Estado, a través de la autoridad única del agua, será el responsable directo de la planificación y gestión de los recursos hídricos que se destinarán a consumo humano y riego...”.
Es un patrimonio estratégico
El inciso 1 del Art. 318 señala que “el agua es patrimonio nacional estratégico de uso público y constituye un elemento vital para la naturaleza y la existencia de los seres humanos. Se prohíbe toda forma de privatización del agua”.
El uso integral del recurso hídrico
La Ley Suprema, en su art. 411, establece que “el Estado garantizará lo que es la conservación, la recuperación y el manejo integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico”.
Manejo para la producción
El art. 282 de la Constitución indica que “el Estado regulará el uso y manejo del agua de riego para la producción de alimentos, bajo los principios de equidad, eficiencia, sostenibilidad ambiental y equilibrio de los ecosistemas”.
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