El operativo “Gramínea”, que desarticuló una presunta red de lavado que operaba en cinco provincias del Ecuador y en Colombia, dejó 11 detenidos, 7 empresas intervenidas, 16 inmuebles allanados y 12 vehículos aprehendidos.
El procedimiento, en el que participaron 11 fiscales y unos 200 miembros del GIR (Grupo de Intervención y Rescate), se efectuó de forma simultánea en Guayas, Pichincha, Imbabura, Carchi y Manabí.
En el operativo las autoridades incautaron seis autos clásicos, dinero en efectivo (16.602 dólares y 8’282.200 pesos colombianos), una maleta con gran cantidad de joyas, armas y alrededor de 700 cartuchos de varios calibres.
Según informó el fiscal Washington Pesántez, las investigaciones del caso iniciaron hace dos años y medio. Entre la documentación recolectada hay cuentas bancarias y papeles de inversión que corresponden a empresas de propiedad de Arnoldo Godoy Báez y su familia, “ubicadas en el Ecuador, Sistema Financiero Nacional, Colombia y Refugios Financieros”.
Tras la audiencia de formulación de cargos, el juez cuarto de lo Penal de Pichincha, Luis Fuentes, dictó orden de prisión en contra de Arnoldo Godoy, su esposa Norma Andrade Acosta y sus tres hijos: José y Pablo Ospina y Margarita Diago. Además, durante el allanamiento de la vivienda de Godoy, la Policía encontró subametralladoras, pistolas, revólveres y escopetas.
Por el cruce de información con las autoridades colombianas, la Fiscalía conoció que en 2005 se hizo una investigación en Ipiales y se estableció que a través de empresas constituidas legalmente, se realizaron transacciones por unos 90.000 millones de pesos. Ese monto no pudo ser justificado y no guardaba relación con el objeto social de las empresas. Por tanto el dinero sería producto del narcotráfico.
La Fiscalía determinó que Godoy y su esposa se constituyeron en accionistas mayoritarios de la empresa Comicar, creada por Claudia Gómez. Esta última ya fue condenada a prisión porque en su compañía Logicom “se lavaron grandes sumas de dinero del cartel de Cali entre 1999 y el 2002”. El movimiento aproximado de las cuentas involucradas en el caso sería de entre $50 y 60 millones. (MCV)
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