Mecanismos para simplificar el proceso penal, la incorporación de métodos alternativos para resarcir un delito menor, y la tipificación de nuevos delitos como el odio y la violencia intrafamiliar, son la parte medular del proyecto de reformas al Código de Procedimiento Penal que la Comisión Legislativa aprobó ayer.
La normativa busca consolidar el sistema oral en la etapa de instrucción de un proceso. Con ello, se apunta a descongestionar a los juzgados y fiscalías de la gran cantidad de casos que no tiene ningún tipo de respuesta.
La comisionada María Paula Romo (PAIS), presidenta de la Comisión de lo Civil y Penal, indicó que aproximadamente el 90% de las denuncias está rezagado, especialmente en la Fiscalía. Y de ese porcentaje, menos del 2% ha recibido sentencia condenatoria, agregó.
Precisamente, el proyecto de reformas determina principios, como el de oportunidad, que le darán agilidad al proceso. Julio Logroño (PSP) cita como ejemplo que si un imputado se declara culpable y lo reconoce ante el fiscal, irá directamente a una audiencia y el fiscal podrá mocionar ante el juez que la confesión sea tomada en cuenta para la reducción de la pena.
Incluso, en ciertos casos relacionados con delitos conocidos como “de la pobreza” (robos menores), el imputado puede acogerse a brindar trabajo voluntario o debe conseguir un empleo. Con esto último se busca su reinserción social.
Asimismo, se incorpora la figura de los acuerdos reparatorios que, según explicó Rosana Alvarado (PAIS), se pueden aplicar en “los casos en que la víctima busca un resarcimiento y no precisamente que el culpable vaya a la cárcel”. Esto puede darse, por ejemplo, en delitos contra lo propiedad.
Tanto el principio de oportunidad como los acuerdos reparatorios excluyen a los delitos contra la administración pública, de violencia sexual, intrafamiliar y de lesa humanidad.
Medidas cautelares
Otra innovación es el establecimiento de medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva que, siendo un recurso extraordinario, no ha sido bien utilizado, según consideró Logroño. “El 80% de las prisiones preventivas termina en la libertad o en la prescripción”, sostuvo.
Por ello, ahora se incorporan, entre otras opciones, la obligación del imputado de abstenerse de concurrir a determinados lugares; de acercarse a determinadas personas; la sujeción a la vigilancia de autoridad o institución determinada; la llamada periódica al juez; y la prohibición de salir del país.
Respecto a este tema, en el informe de segundo debate del proyecto se determinó que los imputados -si así lo aprobaban- podían llevar un dispositivo electrónico que permita a las autoridades conocer su ubicación. No obstante, la norma fue eliminada tras la observación de Jorge Escala (MPD), quien consideró que atentaba contra la presunción de inocencia.
En cuanto a los fiscales, se establece como nueva competencia la capacidad de pedir el archivo provisional o definitivo de los procesos que considere que no tienen el suficiente sustento para seguir siendo tramitados. Pero los casos que sean archivados provisionalmente, podrán ser reabiertos si se cuenta con nuevas pruebas.
Asimismo, y coincidiendo con una propuesta de León Roldós (RED), el proyecto determina que una instrucción fiscal no es definitoria para que se haga auto de llamamiento a juicio. Esto será competencia exclusiva del juez.
El documento, que fue aprobado con 50 votos, tipifica el delito de odio a quien atente de cualquier manera contra alguna persona en razón de su color de piel o etnia. También se tipificó como delito la interceptación, sin orden judicial, de llamadas telefónicas o información personal. (GFS)
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Simplificación
del proceso
Se consolida la oralidad en el proceso de instrucción y se establecen figuras como el principio de oportunidad y los acuerdos reparatorios para dar solución más expedita a los casos.
Más medidas cautelares
La prisión es un recurso extraordinario. Ahora se incorporan, entre otras, opciones como: obligación del imputado de no acercarse a ciertas personas.
Tipificación de nuevos delitos
Los delitos de odio son los referentes a los actos de violencia verbal o física en contra de personas en razón de su etnia, color de piel, religión, etc. Se castigarán con prisión.
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