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Defensa de Chauvín busca llevar el caso a Esmeraldas
Fiscal Solórzano asegura que no responde a organismo de la DEA Redacción Quito y Guayaquil
La defensa de José Ignacio Chauvín, ex subsecretario del Ministerio de Gobierno, involucrado en el caso por narcotráfico que investiga a los hermanos Ostaiza, buscará a toda costa que el proceso se sustancie en Esmeraldas.
Esa será parte de la estrategia del ex funcionario para tratar de demostrar su inocencia. La jurisdicción del caso, que se trasladó de Esmeraldas a Guayaquil, es cuestionada por su abogado Ramiro Román quien insiste que el proceso debió tramitarse en la provincia verde, donde se cometió el presunto delito de narcotráfico.
Román criticó al fiscal Antinarcóticos, Jorge Solórzano, por haber asumido la competencia del caso, “cuando la competencia es del juez, no del fiscal”. Las explicaciones de que se encontraron algunos indicios en Guayaquil para trasladar el caso no es aceptada por Román. Este argumento será la principal arma que Chauvín expondrá hoy durante su ampliación de la versión sin juramento ante Solórzano.
“Si él no hace lo que tiene que hacer, yo sabré lo que le voy a hacer”, dijo el defensor. Asimismo, insistió en que es la DEA estadounidense la que instruye al fiscal, y agregó que él (Solórzano) da informes a esa dependencia del Gobierno de Estados Unidos.
Román investiga por qué los constantes viajes del fiscal a EE.UU. Por el momento, ya tiene reportes de su movimiento migratorio y busca conocer si también tiene propiedades.
Por último, insistió en que este es un caso político, y Chauvín es “un chivo expiatorio” para cubrir intereses que buscan desestabilizar al Gobierno.
El fiscal Solórzano prefirió ya no contestar las declaraciones de Román pues, según dijo, lo que busca es sacarlo de cualquier manera del caso.
“Yo trabajo para mi país y no para potencias extranjeras como los clientes de él”, expresó el funcionario al aclarar que ha viajado a Estados Unidos unas diez veces, pero -dijo- para realizar trabajos de investigación para el Gobierno ecuatoriano.
Indicó que el año pasado no viajó, pero que en 2007 salió unas seis veces para investigaciones de barcos detenidos. Insistió en que la indagación del caso Huracán de la Frontera nació en Guayas, por lo que no cabe la competencia para que el juicio se radique en Esmeraldas, por cuanto allá solo se detuvo a siete personas y los demás en el resto del país.
Solórzano espera hoy poder tomar la versión de Chauvín y los otros imputados. Para ello, dijo que necesita sacarlos de la Penitenciaría. “Yo quiero evitar problemas y para eso necesito sacarlos de ahí, no se olvide que la mayoría (un 80% de Atenuados Altos) está bajo mi responsabilidad. Quiero evitar controversia”, señaló al aclarar que no teme por su vida sino evitar que lo saquen del caso.
El fiscal Washington Pesántez anunció ayer en Guayaquil su total respaldo a Solórzano. Mientras, militantes de la Brigada Simón Bolívar realizaron un plantón en la Fiscalía General para defender la inocencia de Chauvín. (MCV-PVC-PVL)
Ostaiza candidato entre reos La elección para presidente del comité de internos de la Penitenciaría del Litoral, que se desarrolló la mañana de ayer tuvo entre sus candidatos a Édison Ostaiza, involucrado en el tráfico de drogas y presunto amigo de José Chauvín, ex subsecretario del actual régimen.
En el proceso votaron los 26 líderes de pabellones del recinto carcelario. Además de Ostaiza, participaron los presos Ignacio Reyes y Jorge Palacios.
Aunque no se conocieron los resultados, trascendió que Ostaiza era uno de los más opcionados a ocupar la máxima dirigencia entre los internos.
La elección coincidió con la visita de directores del Consejo Nacional Electoral, Omar Simon (CNE) y de la Dirección General de Registro Civil. (JPZ)
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Aún no se define separación de jueza La separación definitiva de la jueza cuarta de lo Penal de Guayas, Zoila Alvarado, del proceso 847-08 que se sigue por el caso Huracán de la Frontera, aún no se define.
El juez 15 de lo Penal, Oswaldo Sierra, reiteró que desde ayer se iniciaban los cuatro días que concede la ley para el periodo de prueba, dentro del cual las partes deberán sustentar la demanda de recusación que presentó el imputado Rodolfo Coloma en contra de la funcionaria judicial.
El demandante alega que Alvarado cayó en mora al no despachar el pedido que realizó mediante un escrito presentado en diciembre 11 de 2008, en el cual solicitaba que se inhiba de seguir conociendo la causa por incompetencia de territorio. Según indicó, la droga que consta como evidencia fue incautada en San Lorenzo, provincia de Esmeraldas, donde además fue detenido él y otros imputados.
“He solicitado a la jueza para que presente su informe y al demandante que sustente el pedido para determinar si es procedente o no la recusación”, dijo Sierra.
Tras ser notificada de la calificación de la demanda, Alvarado dispuso en la tarde del lunes que se remita el proceso a la oficina de sorteo para que sea otro juzgado el que continúe con la tramitación de la instrucción fiscal, hasta que se resuelva la recusación.
El expediente cayó en manos del juez segundo de lo Penal, Luis Santana, quien hasta el mediodía de ayer no había avocado conocimiento de la causa, y con ello el despacho de algunos pedidos. Esto, obligaría al fiscal Jorge Solórzano a cambiar la fecha de la recepción de las versiones de José Ignacio Chauvín, Diego Benítez, los capitanes de Policía, Carlos Navarro y Pablo Córdova. La diligencia estaba prevista para hoy.
Según Solórzano, en caso de no obtener el permiso para que los imputados sean trasladados a Antinarcóticos, como pidió, irá directamente a la Penitenciaría. (PVC)
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‘Están persiguiendo a una persona inocente’ “Mi trabajo en Jooamy fue netamente profesional y me despidieron, dos meses después ellos caen (hermanos Ostaiza Amay)...”.
Con esas expresiones, Diego Benítez Osejo, ex asesor de la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (Aldhu), reiteró en la mañana de ayer su inocencia luego de la audiencia que se realizó en la tercera sala de lo Penal de Guayas, dentro de un recurso de hábeas corpus que presentó para lograr su libertad.
El hombre acudió acompañado de su madre, su defensor y un fuerte resguardo policial y penitenciario.
Durante la diligencia, el abogado Carlos Ayala entregó a los jueces un vídeo y documentos que, según dijo, probarían la “ligereza” con que acotó el fiscal Jorge Solórzano en contra de Benítez y de la actuación de la jueza cuarta de lo Penal, Zoila Alvarado, durante la audiencia de formulación de cargos.
Según alegó, el fiscal incluyó a Benítez por un informe policial, mientras que la jueza no notificó con tiempo a su cliente, y sustentó la prisión en una supuesta cuenta con $ 400.000 que no existe. (PVC)
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