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Odebrecht exigía ética al contratar

La constructora impuso un código de conducta a sus proveedores contra los sobornos.

13 sep 2017 / 00:01

En 2014, Odebrecht era a ojos del mundo y de Ecuador un gigante constructor capaz de levantar puentes, carreteras y grandes obras de infraestructura. Pero el 17 y 18 de marzo de ese año fueron detenidas 17 personas en la llamada operación Lava Jato que destapó el primer indicio de una red de corrupción cuyos tentáculos fueron estirándose por los países de la América Latina. Entre ellos, Ecuador.

Pero entonces, era solo un asunto doméstico y puntual. Aún así, la empresa brasileña quiso anticiparse al golpe. Introdujo en sus contratos un Código de Conducta de Proveedores, que imponía a sus contratistas, y que debía funcionar como cortina de humo contra el desprestigio internacional aparejado a la corrupción. “Odebrecht valora su reputación y credibilidad” abanderaba el inicio del documento que, en octubre de 2014, también llegó al Ecuador y que forma parte del expediente fiscal abierto.

Odebrecht -señalada por las autoridades estadounidenses por haber pagado, presuntamente, 33 millones de dólares en coimas a funcionarios ecuatorianos- impuso, en forma de adenda a un contrato firmado con Tramo SA, un código de buenas prácticas, ética y valores con el que exigía a sus contratistas que se abstuvieran de cualquier acto de corrupción. Y expresamente, del pago de coimas a servidores públicos.

“Los proveedores están prohibidos de prometer, ofrecer o dar, directa o indirectamente, ventaja indebida a servidores públicos, privados o del tercer sector, o a tercera persona a ellos relacionada, a fin de influenciar cualquier acto o decisión para promover intereses propios o de Odebrecht”, recoge la directriz 2.2 que forma parte de un compendio de buenas intenciones impuesto a la subcontratista local Tramo SA. La empresa, representada por Julio Miguel Terán Olmedo, estaba encargada de la extracción y retirada de suelo y rocas en torno a la obra del trasvase Daule-Vinces, en Guayas y Los Ríos, por un precio inicial de 3,8 millones de dólares que terminó superando los 14 millones, gracias a otro adenda. Esa obra está también bajo investigación de la Fiscalía.

Odebrecht que, con su código anticorrupción, encomiaba a sus proveedores a evitar “situaciones que puedan parecer sospechosas” extendía en una cláusula, añadida al contrato y aparejada al compendio de ética y honestidad, el concepto de servidor público. Debía entenderse por este lo que estableciesen la legislación ecuatoriana y la brasileña, “abarcando también cualquier dirigente de partido político, sus empleados u otras personas que actúen para, o en nombre de un partido político o candidato a cargo público”.

En la instrucción fiscal que se inició en junio por asociación ilícita -y que ha motivado la apertura de otros procesos por cohecho, lavado de activos, concusión o captación ilegal de depósitos- se ha vinculado a una veintena de personas, incluyendo al vicepresidente, Jorge Glas, su tío Ricardo Rivera, funcionarios públicos y varios de los representantes de las contratistas de Odebrecht, como el de Tramo SA.

Esta cláusula anticorrupción, impuesta por Odebrecht cuando subcontrataba servicios, le da la atribución de dar por terminado el contrato ante la violación de los principios establecidos y, además, obliga al proveedor a eximir y mantener indemne a Odebrecht por cualquier “reivindicación, pérdida o daño, directo o indirecto, inclusive lucro cesante y daños consecuentes, relacionados o decurrentes de la violación cometida, sin perjuicio del derecho de reembolso que tales costos generen a Odebrecht”, según consta en la condición 19.5.4.

Cinco empresas bajo el nombre de Odebrecht

Opera en Ecuador bajo tres nombres. Odebrecht tiene tres empresas activas y funcionando en el país. Dos son sucursales extranjeras y una es una sociedad anónima nacional. Las tres comparten al representante. El que es presidente de la nacional, Mauro Augusto Hueb, es apoderado en las dos sucursales extranjeras, según el detalle de la Superintendencia de Compañías.

La número 1, que lleva en el país desde 1987 como compañía foránea es la que está siendo investigada por la Fiscalía. Tiene el nombre de Construtora (en portugués, sin ‘c’) Norberto Odebrecht. La número dos comparte casi el mismo nombre (castellanizado y con ‘c’ en Constructora) y también opera desde hace décadas (1993). Ambas se dedican a la ingeniería civil. La tercer activa es una pyme, consultora de obras de ingeniería, que se constituyó el año pasado. Las otras dos han dejado de operar -o están en proceso de hacerlo- y fueron asociaciones o consorcios conformados por las dos primeras para ejecutar obras concretas.

A LA CARTA