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En la Asamblea, Carreño cobra sus primeras víctimas

Tres asambleístas fueron sancionados por portarse mal. La Presidencia de la Asamblea imparte normas de buena conducta inclusive a los periodistas.

Quito /
12 ene 2018 / 00:01

No parece ser un caso de retaliación política, como pretende la oposición: las decisiones que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) adoptó la noche del miércoles en torno a los pedidos de sanción contra varios legisladores afectan o benefician a integrantes de todas las bancadas. Es, más bien, cuestión de urbanidad y buenas maneras: un tema que en la legislatura de José Serrano resulta a veces más sensible que la propia constitucionalidad de las acciones, condiciona la conducta de los asambleístas y entorpece la cobertura informativa.

Ayer fue un día de informes rutinarios en el Pleno de la Asamblea: los que anualmente presentan las autoridades de control y otros funcionarios designados por el Consejo de Participación Ciudadana. El interés político estuvo centrado en otros dos acontecimientos: la rueda de prensa que el presidente José Serrano, el vicepresidente Carlos Bergmann y el ministro de Economía y Finanzas, Carlos de la Torre, ofrecieron para explicar el desvío de 300 millones de dólares de las cuentas de la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas (ver recuadro), y el lío de las sanciones adoptadas por el CAL contra varios legisladores. En ambos, el espíritu de Carreño planeó sobre el horizonte: en el primero, por sus formas; en el segundo, por sus contenidos.

Las sanciones fueron la comidilla del día. El CAL se las aplicó a tres legisladores: a Augusto Espinosa (correísta) por haber arremetido contra la socialcristiana Dallyana Passailaigue en una sesión del Pleno, con el argumento de que “su opinión es irrelevante”; a Cristina Reyes (PSC) por haber llamado “alcahuetes” a los oficialistas del CAL en el curso de una entrevista televisiva; y a Ana Galarza (CREO) por haber acusado al mismo CAL de arrogarse funciones propias de la Corte Constitucional. Los tres fueron suspendidos de sus funciones por diez días.

En cambio, los pedidos de sanción presentados por Doris Soliz contra Fernando Callejas y Washington Paredes (CREO) fueron desestimados. Y por solicitud de Roberto Gómez (CREO) se abrió un expediente contra Lenin Plaza (PAIS) por supuestos maltratos infligidos a sus pares durante la comparecencia de Jorge Glas a la Comisión de Fiscalización, en junio del año pasado.

Como se ve, es difícil encontrar una dedicatoria política en esa lista. Sin embargo, los asambleístas afectados hicieron lo que se espera de ellos. Espinosa calificó lo ocurrido como una persecución a la opinión. Reyes y Galarza, rodeadas de una docena de sus compañeros de bancada, ofrecieron una rueda de prensa para ratificarse en lo dicho y arremeter contra José Serrano. Si las sancionaron por tan poco, había que oírlas ayer: “Me ratifico una y mil veces, ¡alcahuetes!”, clamó Ana Galarza, quien llegó amordazada a la sala de prensa. Y Reyes: “No solamente son alcahuetes. Son un club de encubridores”. Cosas así, en esta legislatura, no se pueden decir. ¿Las sancionarán de nuevo?

“Serrano -prosiguió Reyes- no tiene la talla, no tiene la estatura... -hizo aquí una profunda pausa para que los oyentes interpretaran lo dicho a voluntad- ni ética ni política para señalarme”. Y se quejó por el hecho de que la ley impone sanciones a los asambleístas que generan violencia en el seno de la Asamblea, cosa que no hicieron. No dijo que también sanciona a los que maltratan “de palabra o de obra” a otros asambleístas. El problema está en la subjetividad de las interpretaciones posibles, que hace depender las cosas de la capacidad de cada quien para sentirse ofendido. Para solucionarlo, el CAL parece haber adoptado el manual de Carreño como norma de conducta.

No se diferencia mucho el trato que la Presidencia de la Asamblea continúa otorgando a los periodistas. Ayer, la rueda de prensa con el ministro De la Torre fue, como toda cobertura en el despacho de José Serrano, una experiencia a medio camino entre el cuartel y la escuelita, con funcionarios prescribiendo buen comportamiento (“portaranse bien”, advirtieron), policías haciendo formar fila a los periodistas e imponiéndoles silencio en la puerta de la oficina y asistentes tomándoles de los hombros para dirigirlos a sus sitios. En la legislatura de José Serrano, la mayoría de edad parece ser un atributo reservado para las autoridades.

Carlos de la Torre

Así se torea el juicio político

La víspera, el correísmo y CREO anunciaron su intención de interpelar a Carlos de la Torre por el desvío de $ 300 millones del fondo para la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas. Ayer, el ministro se presentó en el despacho de José Serrano. No dijo nada nuevo: que la ley se lo permite, que fue un manejo técnico, que ya devolvió la plata. Lo nuevo fue su presencia ahí, toreando la fiscalización con ayuda de Serrano.

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