De vuelta a la Prefectura de Pichincha. Paola Pabón, titular de esa institución, se reintegra a sus actividades este jueves, luego de recibir medidas sustitutivas a la prisión preventiva que pesaba en su contra por el supuesto delito de rebelión durante las protestas de octubre.

En una entrevista con Punto Noticias, la mañana de este 26 de diciembre, Pabón —quien debe portar un grillete electrónico y presentarse ante la autoridad cada lunes— habló, entre otros temas, sobre su liberación.

Se refirió al allanamiento a su vivienda, que se realizó en octubre pasado, y lo calificó de excesivo. "Quiero recordarles que estuve desde el 7 de octubre, además de manera ilegal, con seguimiento; por lo tanto, sabían que me encontraba en mi domicilio", señaló Pabón, quien ayer notificó al Consejo Provincial que hoy se reincorporaría a su cargo. 

"Se irrumpió, se afectó mi privacidad, se rompió la puerta de mi dormitorio —ellos sabían que estaba en mi dormitorio— estaba en paños menores", continuó Pabón y agregó que, a pesar de que había mujeres en el operativo, fueron hombres los que entraron en su habitación.

La funcionaria aseguró asimismo que al momento de su detención, registrada el 14 de octubre pasado, ni la Fiscalía General del Estado (FGE) ni los agentes de la Policía conocían por qué delito estaba siendo procesada.

La prefecta también criticó el sistema penitenciario, alegando que mientras estuvo en prisión fue capaz de "palpar las duras condiciones en que los guías penitenciarios hacen su trabajo, un salario disminuido, con más de 36 horas seguidas de trabajo. Eso deshumaniza el sistema penitenciario".

“Estuve presa 72 días por dos tweets"

Desde el miércoles 25 de diciembre, la prefecta Pabón, el exlegislador Virgilio Hernández y el activista Christian González, investigados por presunta rebelión, pueden defenderse en libertad, después de que se cambiara la figura legal del proceso en su contra.

Los tres acusados habían sido objeto de una investigación por "financiamiento a movimientos o grupos armados", e imputados de los cargos de rebelión, que conllevan una pena de cinco a siete años de cárcel.

Pero el martes, la Fiscalía reformuló los cargos por "presunto desconocimiento de la Constitución e intento de derrocar al gobierno a través de actos violentos" durante las protestas que se registraron entre el 2 y el 13 de octubre, por lo cual la defensa solicitó suspender la prisión preventiva.

"El hecho de que se haya reformulado cargos, que la Asamblea Nacional se haya pronunciado, que los famosos elementos de convicción se le estén diluyendo y que sigan manteniendo dos tweets... Hasta ahora no pueden encontrar una grabación que se responsabilice a Paola Pabón, Virgilio Hernández o Christian González; no pueden encontrar una sola arma", dijo la prefecta durante la entrevista radial.