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La Mesa de Justicia apuesta por el ahorro

Los brazaletes electrónicos se priorizarán al arresto domiciliario. Dos mil dispositivos arribaron.

16 ene 2018 / 00:00

En época de crisis es necesario ajustarse el cinturón. Y de la austeridad, ni la justicia se salva.

En un esfuerzo por reducir gastos, el Estado ecuatoriano apostará por el uso mayoritario del brazalete electrónico como medida sustitutiva, versus el arresto domiciliario.

Así lo indicó ayer Gustavo Jalkh, presidente del Consejo de la Judicatura, durante la sesión de la Mesa de Justicia en el Puerto Principal.

Este señaló que se estimulará la medida, lo que reducirá, según cifras previas entregadas por la cartera estatal, los gastos de vigilancia en aproximadamente $ 23 millones.

El arresto domiciliario, en promedio, le cuesta $ 91 diarios al Estado, mientras que la inversión por el uso del brazalete es de $ 5.

Al momento, en el país 1.241 personas utilizan el dispositivo de geoposicionamiento, 700 de ellas en Guayaquil (ver infografía). La ministra de Justicia, Rosana Alvarado, agregó que 2.000 equipos recientemente adquiridos están a disposición de los jueces “cuando el caso lo amerite”.

Verificar que el procesado permanezca en la zona designada por las autoridades se monitorea a través del ECU-911. No obstante, el control no es infalible. En noviembre del año pasado, la Policía Nacional capturó a una banda sospechosa de asaltar un camión blindado en el sector de la bahía. Uno de los acusados, que registraba doce detenciones previas, tenía puesto el brazalete al momento de su detención.

La autoridad determinó luego que mientras usaba el equipo, este habría participado en otros cuatro asaltos.

Al respecto, la ministra se limitó a declarar que el uso del brazalete “no cambia la conducta delictiva”, pero que el sistema de monitoreo es eficaz. “El dispositivo permite determinar el lugar específico donde está esa persona... y conocer por dónde está transitando para evitar que un hecho delictivo ocurra”. Añadió que es responsabilidad de los jueces establecer esta medida exclusivamente en casos donde no haya riegos.

Los equipos también se utilizarán de manera preventiva en casos de violencia intrafamiliar y podrán ser colocados tanto en el agresor como en la víctima, para asegurar que se cumpla el alejamiento establecido por el juez competente o la boleta de auxilio emitida

Durante la sesión, la Mesa de Justicia también presentó cifras recientes detallando los logros y aciertos de los procesos judiciales.

Además de la reducción del índice de femicidios en el país si se compara con 2016, de los 155 casos presentados el año pasado, 127 se han judicializado y recibido sentencias de un promedio de 20 años.

“Varios de los casos en los que no hay judicialización se deben a que el agresor se ha suicidado”, agregó Jalkh.

A esto se suman otras reducciones: el índice de caducidad de la prisión preventiva, la cantidad de homicidios sin judicializar y el número de presos con sentencia en firme.

Una de las últimas reducciones es también una cuestión de ahorro. Las audiencias fallidas bajaron del 29 % al 4 %, un logro. Añadió que se concretó gracias al aumento de funcionarios y la agilización de procesos. “Esto implica un ahorro de $ 42 millones para el Estado”, afirmó alegre.

En Guayas, donde la cifra era crítica, el 2017 cerró con un 6 % de audiencias fallidas frente al 7 % del año anterior.

Investigación

Sentencias generan sospecha

El patrimonio de los servidores judiciales será analizado de manera aleatoria.

La medida, indicó Gustavo Jalkh, se tomó de manera preventiva a raíz de que en 2017 se registró un incremento de casos relacionados con delitos de narcotráfico que terminaron con sentencias absolutorias.

Uno de los principales establecimientos judiciales donde las estadísticas apuntan a estos resultados es la Unidad Penal ubicada en el centro comercial Albán Borja del Puerto Principal. Según el funcionario, el número de resoluciones “no se compadece con el histórico que ha venido registrándose en esa unidad”, por lo que señaló que es necesario un análisis más profundo para así determinar posibles correctivos o establecer indicios de corrupción entre los servidores.

“Si los casos están debidamente sustentados, en buena hora. Si todo el mundo ha hecho un buen trabajo, mejor. Pero si no, tomaremos medidas”, aseguró.

Este contenido es una producción de Gráficos Nacionales SA Granasa, publicada originalmente en el sitio web www.expreso.ec y protegida por derechos de autor. Su reproducción total o parcial queda prohibida.

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