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Los fiscalizadores fiscalizados

Los nueve acusados de la comisión ciudadana Anticorrupción no aceptaron la conciliación y fueron a juicio. Enfrentan penas de hasta dos años de cárcel.

20 abr 2017 / 00:00

Llegaron a paso lento o ayudados por una silla de ruedas. Los integrantes de la comisión ciudadana Anticorrupción, que enfrentan una demanda del contralor Carlos Pólit, acudieron a la audiencia en su contra, en el segundo piso del nuevo Complejo Judicial, en Quito. Lo hicieron en compañía de decenas de simpatizantes.

Pólit acusa a los ciudadanos de calumnia. Esto por una denuncia por cohecho que presentó la comisión en febrero de 2016. Dicha denuncia fue desestimada por la Fiscalía y declarada maliciosa y temeraria por el juez Marco Maldonado.

El contralor reclama 900.000 dólares de indemnización. 100 mil dólares por cada comisionado. Su apoderado Hernán Ulloa Parada leyó los fundamentos de la querella y pidió que se sancione con el artículo 182 del Código Orgánico Integral Penal. Eso es entre seis meses y dos años de cárcel. Los demandados son catedráticos, abogados y economistas.

La masiva muestra de respaldo, hasta el complejo inaugurado este año llegaron abogados, activistas de derechos humanos, ambientalistas, estudiantes de Derecho, entre otros simpatizantes, puso en apuros a los coordinadores del edificio. Tuvieron que habilitar una pantalla en un salón contiguo y más sillas en el pasillo.

La mayoría de aplausos fue para Isabel Robalino. La demandada de 99 años se colocó en primera fila en la audiencia presidida por la jueza Karen Matamoros. A su lado estaban los acusados Jorge Rodríguez, Julio César Trujillo, María Arboleda y Simón Espinosa. También llegaron Ramiro Román, Armando Rodas, el padre Fernando Vega y Byron Celi.

La jueza Matamoros consultó si existía la posibilidad de conciliación. Los comisionados pidieron que el contralor se disculpe por tratar de apresar a personas de la tercera edad. Ulloa señaló que no ofrecerán disculpas y llegarán hasta las últimas consecuencias.

El juicio siguió con la presentación de un solo testigo por parte de la defensa del contralor. José Luis García, auditor con 29 años en la Contraloría, realizó el examen especial a la compra de terrenos para la Refinería del Pacífico que tenía, dice la comisión, sobreprecio.

García recordó que el informe estableció una glosa por más de seis millones de dólares. Él no sabe si se ejecutó.

Simón Espinosa cuestionó que “por seis millones no hay una acción penal, sino solo una glosa”.

El auditor fue interrogado por cuatro defensores de la comisión Anticorrupción. Al abogado Ramiro García, por ejemplo, el testigo le respondió que desconocía si la denuncia de los comisionados podía ser una calumnia.

Sobre los resultados del juicio, Isabel Robalino dijo que sabe “que no puede ser una sentencia justa”. “Nos tiene sin cuidado”, agregó.

La audiencia concluyó cerca de las 19:00 y la sentencia se anunciará hoy.

A LA CARTA