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La sospecha que se agranda

Las dudas sobre el proceso electoral se extienden a la cadena de custodia de los votos. El CNE niega que haya agujeros en la vigilancia ejercida por los militares

Quito /
08 mar 2017 / 00:01

Esta vez, las dudas giran en torno a la seguridad. Una denuncia de quien fuera hasta el lunes la cabeza máxima del Ejército, el general Luis Castro, prendió una nueva alerta en el escenario electoral. Una alerta que el Consejo Nacional Electoral (CNE) intenta desactivar y que, para la oposición, es la prueba de las supuestas irregularidades en el proceso.

Juan Pablo Pozo, titular del organismo electoral, negó de todas las formas posibles una supuesta ruptura de la cadena de custodia del material, antes, durante o después de las votaciones. Aseguró que hasta la noche del lunes no hubo ninguna advertencia en ese sentido por parte de las FF. AA.

La incertidumbre fue dejada en el ambiente por Castro Ayala. A pocas horas de concluir su vida castrense recomendó a los ecuatorianos: “Exijan que se cumpla la voluntad popular”. Según él, en algún momento los militares perdieron la cadena de custodia y el proceso quedó en manos de la empresa contratada por el CNE “para que meta los biombos para las elecciones”.

Pozo –que calificó la declaración del militar como confusa e imprecisa– intuye que Castro hacía referencia al proceso de armado de los kits electorales que estuvo a cargo de la firma Mongar, que ha hecho este trabajo desde el 2002.

“La integración del paquete electoral, obviamente, no lo hacen las Fuerzas Armadas, lo hace la empresa que ganó el concurso, pero con la supervisión de los miembros del Consejo Nacional Electoral y de las Fuerzas Armadas que certifican este paso”, explicó.

Castro fue removido el lunes por el presidente Rafael Correa de su cargo. Ayer, Pozo intentó quitar peso a las palabras del general, recordando justamente que está de salida. “Lamentamos que 15 días después de la elección, en condiciones que ustedes conocen, se quiera hacer una declaración para poner algún tipo de duda en el proceso”, mencionó en, al menos, dos ocasiones durante un encuentro con la prensa en Quito.

El funcionario basa su seguridad en el convenio que el CNE firmó, en diciembre, con el Ministerio de Defensa para garantizar la seguridad electoral. Él dice que se cumplió en todos sus puntos. Contó que hay actas de entrega-recepción de todo el proceso. Y ofreció mostrar los documentos que probarían eso. Ayer no lo hizo.

Y es que Pozo dijo que pedirá los informes parciales a los oficiales que estuvieron a cargo de la administración del convenio. Para eso, se convocó a una reunión con el jefe del Comando Conjunto, César Merizalde y los comandantes de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, con quienes se analizará hoy, desde las 15:00, si algún punto del acuerdo fue incumplido en la primera vuelta.

Pero no es el único que pide cuentas. Ayer, el asambleísta del movimiento CREO, Diego Salgado, ingresó en la Asamblea Nacional un pedido para que el ministro de Defensa, Ricardo Patiño y el propio Castro acudan a explicar el rol que tuvieron las Fuerzas Armadas durante los comicios.

“La expresión popular del voto podría estar vulnerada”, advirtió. Patiño, en su cuenta de Twitter, dejó en manos del CNE responder a la denuncia del general Castro.

Pozo se niega a contemplar la posibilidad de un posible ‘fraude’. Acusa a actores políticos de haber creado un clima de desconfianza. Eso sí, reconoce que hay cosas que se pueden corregir. Incluso en el tema de la seguridad: contó, por ejemplo, que el 19 de febrero no hubo todo el personal militar que fue necesario. Eso ocurrió, dijo, en Milagro (Guayas) en dónde se reforzará la presencia militar.

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