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La ley de paraísos fiscales es ambigua con los altos cargos

El proyecto tendrá problemas de aplicación, dice Luis Fernando Torres. Para destituir a las máximas autoridades, en caso de infracción, habrá juicio político.

20 abr 2017 / 00:00

Ambiguo. El proyecto de ley que ‘regulará’ la relación de los funcionarios públicos con los paraísos fiscales, podría terminar beneficiando a las máximas autoridades del Estado, empezando por el presidente y vicepresidente de la República.

La alerta se lanzó, ayer en la Asamblea, durante el primer debate del texto. Esta propuesta, que nació del Ejecutivo, pone las reglas para impedir que los candidatos a cualquier dignidad popular y los servidores públicos tengan propiedades y recursos económicos en paraísos fiscales.

La norma le otorga el control general a la Contraloría que, en caso de encontrar irregularidades, deberá pedir a la autoridad nominadora -dependiendo del caso- la destitución del funcionario incumplido.

¿El problema? En el caso de las máximas autoridades, la entidad notificará a la Asamblea Nacional (que tiene a su cargo el control político) para que “proceda al respectivo enjuiciamiento político”, según dice el informe de primer debate.

Ese sería el procedimiento, por ejemplo, para el presidente o vicepresidente de la República, contralor, fiscal, procurador, defensor público, defensor del pueblo, los superintendentes así como para los integrantes del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo de la Judicatura o Consejo de Participación.

Luis Fernando Torres, de la alianza PSC-Cambio, advierte que el juicio político no garantiza la destitución, aunque los funcionarios tengan bienes en paraísos fiscales porque dependerá del número de votos.

Y ve un problema adicional: la Constitución establece las causales para destituir a las dos máximas autoridades y, entre ellas, no está la prohibición de tener bienes o capitales en paraísos fiscales. “El proyecto no está bien elaborado, no puede irse contra la norma suprema”, dijo a EXPRESO.

Eso significa, agregó, que PAIS debería hacer una enmienda para aplicar la ley de paraísos fiscales.

Mauro Andino, militante de PAIS y presidente de la Comisión de Justicia, confirmó en Ecuavisa que los asambleístas y dignatarios de elección popular “estarían sujetos en un juicio político”.

Sanciones

Ministros

Si los infractores son ministros o secretarios de Estado, el presidente de la República deberá disponer su cesación definitiva del cargo, señala el proyecto. En cambio, si los asambleístas incumplen con cualquiera de las disposiciones de la ley de Paraísos Fiscales, el Pleno de la Asamblea será encargado de destituirlos.

Alcaldes

Si los prefectos, alcaldes, presidentes o miembros de las juntas parroquiales, consejeros provinciales, concejales municipales, incumplen con la ley, los órganos colegiados competentes serán los responsables de dictaminar su cesación en funciones. Además, si la autoridad no da trámite a eso será destituida.

Funcionarios

Si los servidores públicos incumplen con la ley, la autoridad nominadora deberá dejar sin efecto el nombramiento o contrato. Si es un funcionario de carrera, se iniciará un sumario administrativo y se impondrá la sanción correspondiente. Si está sujeto al Código del Trabajo, se iniciará el visto bueno.

A LA CARTA