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02 mar 2017 / 00:00

El vicepresidente Jorge Glas, candidato de nuevo al cargo, compareció ayer públicamente en la Fiscalía General del Estado con doble intención. La primera: atajar lo que a su juicio supone “una campaña de desprestigio” a su honra, a su imagen y la del Gobierno por los escándalos de corrupción en los sectores estratégicos que han implicado a funcionarios públicos. Y la segunda: desmarcarse al tiempo de cualquier responsabilidad política de la corrupción en esos sectores, pese a ser el máximo responsable del área.

Esta segunda intencionalidad del vicepresidente fue remarcada y reforzada por Rafael Poveda, ex ministro coordinador y segundo en el escalafón del ramo tras Jorge Glas. “No hay responsabilidad política alguna porque nuestro encargo se circunscribió a transformar los sectores estratégicos”, dijo, desligando por despeje la competencia del control interno sobre los dineros públicos empleados en la obra estatal.

Rafael Poveda estuvo presente entre un nutrido grupo de apoyo a la presencia de Jorge Glas en Fiscalía, que finalmente dejó más dudas que certezas. El vicepresidente acudió ante Galo Chiriboga para pedir que se investigue a quienes piden que le investiguen a él, pero no concretó a quién ni cómo.

El fiscal general tampoco precisó detalles, a tono con la línea de ambigüedad de la comparecencia pública que dejó en el aire las peticiones anónimas del vicepresidente. Sí hizo un llamado a la mesura de los medios de comunicación, aunque paradójicamente ni él ni Jorge Glas permitieron preguntas en la rueda de prensa a la que habían convocado a los periodistas.

El significado de la cita del vicepresidente con el fiscal general del Estado se interpretaba ayer en círculos políticos como la intención de obtener un ‘certificado público de buena conducta’. La relación que ha ido construyendo sospechas sobre el vicepresidente emana de su máxima responsabilidad en los sectores estratégicos del Estado y las tramas de corrupción que han emergido de esos sectores. Los dos grandes casos a escala internacional, los ‘Papeles de Panamá’ y Odebrecht, salpican a funcionarios del Estado que estuvieron bajo su mandato.

Un tercer caso planea también en el ambiente. La frustrada compra de la consultora ecuatoriana Caminosca por la multinacional australiana Cardno destapó la existencia de sobornos a siete funcionarios por al menos tres millones de dólares. EXPRESO reveló esta información basada en el laudo internacional donde se ventila el pleito entre ambas empresas. No identificó los nombres pero sí los códigos que servían de clave para el pago de sobornos a los empleados públicos.

Ayer Jorge Glas criticó a este Diario al sentirse aludido por la publicación, pese a que no se reseñara nombre alguno. Al prohibirse preguntas en la rueda de prensa junto al fiscal Chiriboga quedó indeterminado el alcance de la comparecencia pública de ambas jerarquías del Estado. No pudo saberse si los fundamentos de inocencia se concretan en denuncias, ni si en las rutas de la investigación solicitada por el vicepresidente pedirá Galo Chiriboga ahora el laudo que enfrenta a Cardno con Caminosca.

Decenas de simpatizantes y cargos públicos de PAIS formaron barra en apoyo al vicepresidente. Los actos de respaldo se repetirán hoy en Guayaquil.

A LA CARTA