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La complicada tarea de observar al poder

Los veedores pueden ser denunciados por injurias. Tienen dificultad en acceder a datos. La inmunidad está en debate

18 jul 2017 / 00:00

Ser veedor no es fácil. No solo es un oficio poco reconocido en la sociedad, sino también complicado y hasta cierto punto riesgoso. Las veedurías son un mecanismo de participación y control desde la ciudadanía sobre quienes ejercen la administración pública. En otras palabras: civiles que observan al poder bajo el marco de la ley, pero a veces ni hasta esta ayuda.

La Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea debate el Código del Sistema de Participación Ciudadana que busca compilar, en un solo cuerpo, las normas relacionadas a la participación de los ciudadanos. En una revisión de la norma en discusión, esta mantiene varios aspectos de las leyes en vigencia que, a criterio de César Cárdenas, no ayuda a la tarea de las veedurías.

El director del Observatorio de Servicios Básicos, integrante y gestor de varias veedurías ciudadanas, no ve con buenos ojos, por ejemplo, que el proyecto de Código mantenga que los veedores serán responsables en caso de injurias. “Pedimos el archivo del proyecto porque no protege a los ciudadanos y no promueve la participación”.

El caso de la veeduría a los contratos del hermano del expresidente Rafael Correa trascendió a la justicia. Los veedores Pablo Chambers y Gerardo Portillo fueron sentenciados por el delito de falso testimonio. El primero cree que su caso es un ejemplo del riesgo que conlleva ser veedor. “Ahora ser veedor es muy difícil”.

El asambleísta Luis Pachala, miembro de la mesa de Participación Ciudadana, es de los que cree que los veedores deben tener inmunidad. Propondrá que sea incluido en la norma, pese a que dos proyectos de ley que buscaban precisamente lo mismo no fueron aprobados en el periodo legislativo 2009 - 2013.

Esta es solo una de las piedras en el actual camino de los veedores. La dificultad en el acceso a la información observada es otro obstáculo. El exveedor Washington Márquez recuerda que en la vigilancia que coordinó en Santo Domingo de los Tsáchilas experimentó trabas de autoridades municipales que le pidieron comprar formularios para acceder a los datos. Xavier Burbano, vocal del Consejo de Participación Ciudadana, destaca en ese sentido que el proyecto de Código entregue una facultad sancionadora al ente que integra y que antes no tenía.

El Consejo es el único que capacita y acredita a las veedurías. Entre 2013 y junio de 2017 ha avalado a 632 grupos (ver gráfico), cuyos informes finales pasan por el conocimiento y aprobación del Consejo. Pero si en el camino hay obstáculos, el final no es la excepción: los informes no son vinculantes.

No obstante, el legislador entendió que, luego de un largo trabajo voluntario y no remunerado, no podía dejar a la libre decisión de un servidor público el cumplir o no con las observaciones de los veedores. Por ello, el proyecto de Código viste de obligatoriedad a los futuros informes.

A LA CARTA