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La Asamblea revisa nuevos pagos por el uso de las vías

Los propietarios no pueden poner en riesgo las carreteras. Los funcionarios que supervisen las vías serán responsables si permiten su ocupación

Quito /
07 mar 2017 / 00:01

Nuevos tributos, tasas y responsabilidades se podrían crear para los ‘vecinos’ y los usuarios de las carreteras estatales. Están incluidos en una norma que se discutirá, hoy, en segundo debate en la Asamblea.

Se trata del proyecto de ley de Infraestructura Vial de Transporte Terrestre que fue analizado en la Comisión de Gobiernos Autónomos.

La primera obligación será para los propietarios de terrenos colindantes a las vías: el pago de la contribución especial por mejoras de la infraestructura vial estatal. Un tributo que podrá ser fijado y cobrado por el Ministerio de Obras Públicas. La norma, sin embargo, no establece ni el monto ni la forma de cobro.

La lógica es la misma que ya se usó en leyes anteriores: tendrán que pagar “los propietarios de los bienes que se benefician por el desarrollo y mejoramiento” de las vías.

La segunda también afecta a esos vecinos, es la ‘responsabilidad compartida’ en el cuidado de las carreteras que tendrán que asumir las personas que tengan propiedades cercanas a ellas.

Así, el dueño de un predio colindante con una vía será responsable si hay derrumbes provocados por el tratamiento de las aguas sobrantes o residuales de su propiedad. Él, dice el texto, está obligado a recolectar y evacuar esas aguas en un canal, construido en su propiedad y financiado de su bolsillo, para evitar saturación, derrumbes o cualquier otro daño.

Richard Calderón, presidente de esa comisión, explicó a EXPRESO que si hay un derrumbe por negligencia del propietario de un terreno, este tiene que pagar al Estado por ello. También tendrán que limpiar y cuidar su frente y las cunetas cuando sea posible. “Si no lo es, el Estado asumirá esos gastos”, subrayó Calderón.

El proyecto especifica que se podrá fijar una tasa por la prestación de limpieza de frentes y cunetas a los propietarios de los terrenos colindantes.

Una tercera obligación se creará, si se aprueba la ley, para todos los usuarios de la red vial. Según el texto, el ministerio también podrá fijar, cobrar y autorizar tasas y tarifas viales para el financiamiento, uso y mantenimiento integral de esa red.

Para Luis Fernando Torres, legislador del PSC-Cambio, el proyecto da demasiado poder al Ministerio de Obras Públicas. “Puede fijar tasas y tarifas del uso de esas carreteras”. Para él, la propuesta no está bien redactada y es demasiado amplia en el tema de las atribuciones.

El proyecto, además, contempla sanciones económicas por afectar la red vial. Por ejemplo, colocar, arrojar o abandonar obstáculos, escombros o cualquier material en la vía pública será multado con 375 dólares. Destruir, alterar o modificar cualquier obra o área de servicios complementarios se castigará con una sanción entre 755 a 1.500 dólares. Circular con peso y dimensión que excedan los límites de las vías, tendrá una multa de 1.875 hasta 3.750 dólares.

Aunque René Yandún, del Movimiento de Integración por el Carchi, destaca los aspectos positivos de la norma al asignar responsabilidades para el mantenimiento de las carreteras. “Ordena y organiza la red vial, obliga a tener estudios ambientales para construir nuevas vías”, dijo.

A LA CARTA