Pocos, pero claves. De los 36 testimonios que los proponentes del juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso presentaron en su pedido inicial en la Asamblea Nacional, solo doce servirán para sustentar la acusación de peculado que fue admitida por la Corte Constitucional (CC).

Este 12 de abril de 2023 se hizo una depuración del listado y la definición de qué versiones pueden ser determinantes en el trámite de fiscalización al mandatario. El primer nombre que aparece en la lista de prioridades es el del contralor general del Estado, Carlos Riofrío.

Según Mireya Pazmiño, quien es una de las cuatro proponentes del juicio político, el contralor aportará con información de las auditorías que ha hecho a la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec), las observaciones sobre el contrato con Amazonas Tanker y la responsabilidad política del mandatario, en caso de irregularidades.

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El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, agregó otro nombre: Juan Carlos Larrea, procurador general del Estado. “Tendrá que decir si emitió o no un informe para suspender el contrato (entre Flopec y Amazonas Tanker)”, señaló Villavicencio.

Viviana Veloz (Unión por la Esperanza) y Pazmiño presentaron este 12 de abril la singularización de la prueba ante Fiscalización. El pedido de juicio político estaba pensado para sustentarlo principalmente por la acusación de concusión, pero el dictamen de la Corte Constitucional cambió los planes opositores.

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Por ejemplo, ya no tendría sentido convocar al excanciller, Juan Carlos Holguín, cuyo nombre aparecía en un audio filtrado en el que se hablaba de gestión de cargos públicos o al exgeneral de la Policía, Víctor Araus, que aseguraba que habló con el cuñado del presidente, Danilo Carrera, sobre su ascenso. Nada sobre Flopec.

Quienes sí serán fijos en ese listado son el exgerente de la empresa estatal, Xavier Rosero; el presidente del directorio de la Empresa de Empresas Públicas, Joaquín Ponce Díaz; y el exsecretario Anticorrupción, Luis Verdesoto.

También de las 20 pruebas documentales que fueron anunciadas en el pedido original de juicio político, quedaron algo más de la mitad para sustentar la acusación de peculado. Por ejemplo, dos oficios enviados por el exgerente de Flopec, Johnny Estupiñán, al presidente Guillermo Lasso.

En uno hablaba de su decisión de deshacer el contrato con Amazonas Tanker, pero en otro daba a conocer que desistía de esa idea “porque se dio cuenta que era perjudicial para el país”, según Lasso.

Sin embargo, Estupiñán no estaba en la lista de convocados para que rinda su versión en la Comisión de Fiscalización en el marco del juicio político.

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Hasta este 12 de abril, el contralor Riofrío dijo que no había sido notificado con la comparecencia ante la Comisión de Fiscalización. Además, que no puede adelantar un criterio sobre si hubo peculado o no durante la ejecución del contrato entre Flopec y la privada Amazonas Tanker.

Respuesta

Villavicencio dio a conocer que Flopec respondió a un pedido de información, afirmando que no ha firmado en julio de 2022 un nuevo contrato con Amazonas Tanker para el transporte de hidrocarburos. Esa es precisamente una de las acusaciones de los proponentes del juicio político.

Seguimiento

El secretario jurídico de la Presidencia, Juan Pablo Ortiz, anunció que el Gobierno enviará un pedido a la Corte Constitucional para que haga el seguimiento del cumplimiento del dictamen de admisibilidad del juicio político. El funcionario recordó que el proceso es únicamente por la causal de peculado.